El pasado 6 de enero se inició la preparación del juicio oral contra nueve imputados por el secuestro extorsivo del empresario metalúrgico de Rancagua, Rudy Basualdo Castillo (51), quien fue secuestrado el 8 de noviembre de 2023. Tras más de un año de investigación, la Fiscalía ha solicitado penas que suman más de 355 años para los nueve imputados, quienes son miembros del Tren de Aragua y se encuentran recluidos en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas). Para sustentar su caso, la Fiscalía ha reunido un total de 89 testigos y más de 120 elementos materiales, que incluyen audios, videos, imágenes y documentos. Estos elementos buscan demostrar que detrás del secuestro operó una “organización criminal internacional” que recibió $40 millones para la liberación de Basualdo, pago que se concretó en un paso nivel ubicado en un reducto del Tren de Aragua: la toma Santa Marta en Maipú.
Uno de los participantes en este crimen es Jorkenidy Torres Marchán (33), quien desempeñó un papel crucial en la operación y actualmente se encuentra en prisión preventiva en el Repas desde su detención en noviembre de 2023. En este contexto, el 17 de septiembre, durante una visita del juez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, Jaime Fiuca Martínez, a la unidad de Alta Seguridad, Torres se entrevistó con el magistrado y denunció que estaba siendo víctima de “torturas y tratos crueles e inhumanos”.
En su declaración, Torres expresó: “En los últimos días estoy sufriendo de crisis de pánico, tratos crueles e inhumanos, torturas. (Llevo) 104 días encerrado, aislado 24/7 horas sin las horas de patio que corresponde. Me dan 3 litros de agua diario. (Estoy) sufriendo desesperación y taquicardia por motivos del encierro. (…) No tengo dónde hacer mis necesidades biológicas. Estoy siendo torturado física y mentalmente”. A raíz de esta denuncia, el juez Fuica ofició a la defensora pública de Torres, la abogada Romina Jorquera, y al Juzgado de Rancagua para que se programara una audiencia de cautela de garantías para revisar la solicitud del acusado por el secuestro.
La solicitud fue revisada el 27 de enero y un día después se programó la audiencia, que se llevará a cabo el viernes 7 de febrero a las 10 horas en el Juzgado de Garantía de Rancagua. En una consulta realizada por Mega Investiga, el juez Jaime Fiuca explicó que “esta visita se hace con posterioridad a un evento que significó una agitación del sistema de seguridad al interior del Repas, donde había manifestaciones de parte de los propios internos de nacionalidad venezolana en una suerte de conato con Gendarmería”.
El magistrado también indicó que estas visitas a los recintos penitenciarios se realizan semanalmente por parte de los jueces de garantía que comprenden la jurisdicción de Santiago, y que las solicitudes por parte de los imputados suelen ser de un tenor similar. “En esos oficios nosotros hacemos ver la necesidad de que el imputado sea atendido por su defensa frente a una cautela de garantía”, agregó Fiuca.
Sin embargo, la visita del 17 de septiembre a la Cárcel de Alta Seguridad no fue la única solicitud que recibió el juez. Otras solicitudes del Tren de Aragua incluyen la petición de Zeus Velásquez Aquino, un sicario del Tren de Aragua, quien solicitó la extracción de una bala en su pierna derecha que le causa molestias. Velásquez Aquino ha estado involucrado en varios secuestros y homicidios bajo las órdenes de Carlos González Vaca, alias Estrella, uno de los líderes del Tren de Aragua en Chile, quien mantenía contacto directo con el máximo jefe de la agrupación, Héctor “Niño” Guerrero.
González Vaca también solicitó “obtener informaciones del tribunal que lleva mi causa y hacer una serie de consultas y peticiones”. En el caso de Ovicmarlixon Garcés, imputado por el asesinato del suboficial mayor Daniel Palma, este acusó ser víctima de “condiciones inhumanas” en el Repas y pidió la intervención de organismos de derechos humanos en su situación. En su escrito, Garcés manifestó: “Tenemos tres meses en estas malas condiciones y nadie ha venido a vernos”.
Además de la denuncia de Jorkenidy, se han solicitado al menos otras cuatro audiencias de cautela de garantías en los juzgados de Pozo Almonte, Santiago y Rancagua para revisar la situación de aquellos imputados que alegan malos tratos. En estas mismas instancias, los internos han solicitado autorización para realizar videollamadas desde el interior del Repas, lo que ha generado conflictos entre el Poder Judicial, Gendarmería e Interior. En febrero de 2024, Mega Investiga reveló que el juez del 7º Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, autorizó videollamadas para reos vinculados al Tren de Aragua, aunque esta autorización fue posteriormente anulada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
