El Congreso de la República del Perú ha tomado la decisión de prohibir a sus trabajadoras el uso de minifaldas, una medida que ha generado controversia y críticas en medio de un contexto de cuestionamientos sobre su legitimidad y escándalos internos. Esta disposición, que se argumenta busca cuidar la imagen institucional, se produce tras el brutal asesinato de Andrea Vidal Gómez, una extrabajadora del Legislativo, que estaba vinculada a una presunta red de prostitución operada dentro de la institución. El caso ha puesto al Parlamento peruano en el centro del escrutinio público, mientras enfrenta una crisis que parece profundizarse.
Contexto de la prohibición
La prohibición del uso de minifaldas ha sido defendida por algunos sectores como una medida para mantener la formalidad entre los empleados del Congreso. El parlamentario Alejandro Muñante, de Renovación Popular, afirmó que esta regla “es parte del cuidado que debe tener una institución pública con sus trabajadores”. Sin embargo, la medida ha sido objeto de duras críticas. La congresista Susel Paredes, del Bloque Democrático Popular, comparó la normativa con restricciones propias de los años 50, subrayando que “el problema no es cómo se visten las mujeres, sino cómo nos respetamos entre todos”.
El crimen que destapó todo
El 9 de diciembre de 2024, Andrea Vidal, de 28 años, fue atacada en un taxi mientras se dirigía a su hogar en el distrito limeño de La Victoria. El vehículo recibió más de 40 disparos, resultando en la muerte del conductor, el ciudadano venezolano José Daniel Vargas Briceño, en el lugar. Andrea, gravemente herida, fue trasladada al hospital Dos de Mayo, donde falleció una semana después. Este violento suceso llevó a investigaciones policiales y fiscales que revelaron un vínculo inesperado: el nombre de Vidal apareció relacionado con una supuesta red de prostitución dentro del Congreso peruano.
Días después, se supo que la abogada había trabajado en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, bajo las órdenes de Jorge Torres Saravia, quien ha sido señalado como el presunto cabecilla de la red, aunque él ha negado estas acusaciones. Según una fuente anónima citada por el programa televisivo Beto a Saber, Torres habría organizado encuentros entre mujeres reclutadas como asesoras y congresistas.
El caso comenzó a ganar atención mediática cuando se conoció que Andrea había sido despedida tras una discusión con su superior, lo que generó sospechas sobre posibles motivos detrás de su asesinato.
Prohibiciones y distracciones
En este contexto, la decisión de prohibir el uso de minifaldas, jeans y otras prendas consideradas “inapropiadas” ha sido interpretada por críticos como un intento de desviar la atención pública de los problemas reales que enfrenta el Congreso. Esta medida fue anunciada poco después de que se publicaran denuncias relacionadas con casos de abuso sexual, prostitución y una supuesta falta de transparencia en la contratación de personal parlamentario.
Rocío Silva-Santisteban, excongresista y feminista, expresó en un artículo de opinión para Desinformémonos que esta decisión forma parte de un “patriarcado desenfrenado” en el Parlamento, donde las mujeres son sistemáticamente culpabilizadas mientras los responsables de los abusos quedan impunes. La reacción de los críticos no se limitó a la prensa o a sectores políticos; incluso el Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo (SITRAPOL) emitió un pronunciamiento señalando que las medidas adoptadas no abordan la vulnerabilidad estructural que enfrentan muchos empleados. En su comunicado, destacaron la necesidad de establecer procesos de ingreso claros y transparentes para reducir los riesgos de “abuso y arbitrariedad”.
Nuevas revelaciones
A medida que avanzaron las investigaciones, los hallazgos en torno al asesinato de Andrea Vidal dejaron claro que el caso no era un simple ataque fortuito. Según la División de Investigación de Homicidios, citada por La República, el asesinato fue un crimen por encargo. Las pruebas balísticas revelaron que, aunque el taxista recibió más disparos, los sicarios también se aseguraron de atacar el asiento trasero, donde estaba Andrea. Se determinó que al menos seis personas en motos y un vehículo participaron en el ataque, utilizando tres armas diferentes.
La figura de Rodrigo Falcón, pareja de Andrea, también fue objeto de investigación. Las autoridades sospechan que Falcón habría colocado un chip en el teléfono de ella para rastrearla y habría realizado preguntas sospechosas sobre su ubicación tras el atentado. Por otro lado, el semanario Hildebrandt en sus trece reportó que en los celulares de Andrea se encontraron mensajes de contenido sexual con varias personas, incluido un contacto extranjero de Colombia. También se reveló que antes del ataque, la abogada había preguntado a un interlocutor si iba a alquilar un Airbnb, en alusión a los lugares donde supuestamente se organizaban reuniones gestionadas por Torres Saravia.
La posición legislativa
El Congreso, en un intento por despegarse de las acusaciones, emitió un comunicado el 16 de enero de 2025, asegurando que el ataque estaba dirigido al taxista y no a Andrea Vidal. Sin embargo, esta versión fue cuestionada por la Fiscalía y por legisladores como Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, quien afirmó que Andrea “era el objetivo real” del ataque. Burgos también criticó al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, por su papel en la contratación de Torres Saravia, a quien señaló como figura clave en la presunta red de prostitución.
La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, fue más allá al calificar el comunicado del Congreso como una posible inconducta funcional, argumentando que ninguna institución puede adelantar conclusiones mientras la investigación esté en curso. Además, enfatizó que corresponde únicamente al Ministerio Público esclarecer los hechos.
Pese a los cuestionamientos, la Mesa Directiva del Congreso decidió ratificar a Giovanni Forno como oficial mayor. Según declaraciones de la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, Forno cuenta con una amplia experiencia y no tiene acusaciones directas en su contra. Sin embargo, bancadas de oposición advirtieron que su rol en la designación de Torres Saravia y la falta de claridad sobre cómo obtuvo el puesto son motivos suficientes para su destitución.
El caso de Andrea Vidal no solo ha expuesto un posible esquema de explotación sexual al interior del Legislativo, sino que también ha revelado fracturas en la confianza de la ciudadanía hacia el Parlamento. Encuestas recientes del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reportan una aprobación del Congreso de apenas un 6%, lo que evidencia el impacto de estas polémicas en su imagen pública. Mientras las investigaciones continúan, las medidas como la prohibición de la minifalda son percibidas como una cortina de humo que agrava, en lugar de resolver, las profundas crisis ética y moral del Congreso peruano.
