La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha decidido iniciar acciones legales para frenar las auditorías que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) tiene programadas, según lo anunciado por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Este funcionario defendió la decisión del gobierno de controlar los gastos de las universidades públicas nacionales, subrayando que hasta el año 2022, estas auditorías se habían llevado a cabo de manera habitual. Álvarez mencionó que en 2011, la SIGEN realizó una auditoría sobre los títulos de la Facultad de Ciencias Económicas y que no se tomaron medidas al respecto.
Defensa de la auditoría por parte del gobierno
El subsecretario Álvarez destacó que en el año 2022 se detectaron irregularidades significativas en la Universidad de Tucumán, donde se estaba llevando a cabo un juicio por un desfalco relacionado con un canon minero para la construcción de una ciudad universitaria. “Imaginemos que pronto se dieron cuenta de que había una puerta abierta a la transparencia, un acuerdo entre Emiliano Yacobitti y Carlos Zannini que cerró la posibilidad de auditoría de la SIGEN. Esa puerta la volvimos a abrir”, afirmó durante una entrevista en Radio Mitre.
Argumentos de la UBA contra las auditorías
Días atrás, la UBA anunció que comenzará sus acciones legales el lunes 28 de octubre. A través de un documento, la universidad expuso los principios y argumentos que justifican su postura, señalando que “es necesario auditar los fondos públicos del Estado Nacional” que se destinan a las universidades. Según el organismo a cargo de Miguel Blanco, “cuando existe control, se facilita un ambiente propicio para la ocurrencia de maniobras que permiten desviar dinero público hacia fines no deseados”.
El rector de la UBA, Ricardo Jorge Gelpi, calificó la decisión de la SIGEN como “unilateral” y como una violación a la autonomía constitucional de la universidad. La UBA sostiene que su administración no puede ser subordinada a la órbita del Poder Ejecutivo, ya que las normas que rigen su funcionamiento tienen una jerarquía superior a la de las decisiones del Síndico de la SIGEN. Gelpi afirmó que “las decisiones expresadas por el Síndico de la SIGEN, que depende del Poder Nacional, en torno a disponer unilateralmente de actividades dentro del ámbito universitario, conllevarían a una intervención inconstitucional e ilegal”. Por lo tanto, el Consejo Superior de la UBA ha instruido a la Dirección de Juicios y Asuntos Jurídicos para que inicie las acciones judiciales necesarias en defensa de la universidad.
Reacciones del gobierno y del vocero presidencial
El vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió a las protestas de las universidades, afirmando que “la gente merece saber en qué se gastan sus impuestos” y que algunos parecen no entenderlo. En relación a la protesta de las universidades, minimizó la situación al señalar que “el sistema universitario tiene un millón setecientos mil alumnos. No podemos tomar como referencia a 60 personas en la Plaza Mayo. Hoy el cuatrimestre no se ha perdido, las clases se están dando y los exámenes se están realizando con normalidad”.
Además, Adorni consideró que “cuando hacen clases públicas, los estudiantes y docentes están cometiendo un abuso”, acusando a los profesores de obligar a los estudiantes a asistir, ya que de lo contrario se les registraría como ausentes. En este sentido, afirmó que “están violando el derecho a la educación de los alumnos”. También planteó de manera retórica la pregunta de “dónde está el recorte” en los programas de ejecución financiados.
Cuando los periodistas le preguntaron sobre los salarios, Adorni aclaró que “la actualización salarial está incluida en el presupuesto. Eso es parte de la paritaria. Si la oposición quiere incluirlo, muy bien, que lo ponga, eso está en el funcionamiento republicano del Congreso”. Sin embargo, insistió en que “si te financio carreras, tenés que hacer lo que te digo, entiendo dónde está el recorte”.
