La Moneda destaca la urgencia de aprobar el proyecto tributario antes del Presupuesto 2025, que podría aportar US$ 1.200 millones al Estado.
En la semana previa a la presentación del Presupuesto 2025, el Gobierno de Chile, a través de La Moneda, ha subrayado la importancia de aprobar el proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias, destacando los significativos recursos que se obtendrían para el Estado. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, expresó que “no queremos tener la necesidad de un plan B” para asegurar esos ingresos, que se estiman en US$ 1.200 millones. Para garantizar la aprobación de esta iniciativa, el Ejecutivo ha llevado a cabo intensas gestiones con senadores y diputados.
El despacho del proyecto fue el tema central del comité político que fue liderado por la vicepresidenta de la República, Carolina Tohá. Durante esta reunión, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, enfatizó la magnitud de los recursos en juego. Se anticipa que el Presidente Gabriel Boric presentará el erario en cadena nacional el lunes 30 de septiembre a las 21 horas.
Ayer, pasadas las 13:30 horas, Marcel se reunió en las oficinas de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en La Moneda para un almuerzo de coordinación legislativa con algunos senadores, en preparación para la votación programada para mañana. Tras esta cita, el ministro de Hacienda comentó que “estamos tratando de que no se retrase cumplimiento tributario”, y explicó a las bancadas los detalles del acuerdo alcanzado en la comisión. Al ser consultado sobre las implicaciones de no aprobar el proyecto antes de la presentación del erario, Marcel subrayó que “lo que puede pasar es que entraría un proyecto de ley incompleto, que habría que complementarlo a lo largo de la discusión y creo que eso es algo que no le conviene ni a los parlamentarios ni al Gobierno, el ver un proyecto que le faltan ingresos y gastos”.
Sin embargo, la senadora Yasna Provoste (DC) manifestó al finalizar el almuerzo en La Moneda que “lo que hemos señalado es que no basta solo con entregar mayores recursos si no se tiene garantizada mejor gestión en programas clave para el combate a la delincuencia y el crimen organizado”. La legisladora anticipó que presentará indicaciones y solicitudes de votación separada de artículos, lo que podría ocasionar un retraso en el despacho del proyecto.
En este contexto, uno de los puntos de debate legislativo será el nivel de holguras que proyecta el Gobierno para los últimos años de su gestión y para los próximos inquilinos de La Moneda a partir de marzo de 2026. Un informe elaborado por el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS) se centra en el panorama financiero que enfrentarán las finanzas públicas en los próximos años, el cual podría ser más complicado de lo que anticipa la Dirección de Presupuestos (Dipres) en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) presentado a finales de julio.
El reporte de la USS estima que los gastos comprometidos por el sector público para el período 2025 a 2028 estarían subestimados en más de US$ 6.500 millones, debido a un cambio de metodología aplicado en la discusión del Presupuesto 2024. Un mayor nivel de gastos comprometidos impacta las estimaciones de holguras presupuestarias para los años venideros, las cuales dependen de factores como los desembolsos ya asignados, los ingresos estructurales del Fisco y la meta de reducción del déficit estructural que ha establecido el Gobierno. Esto resulta en un mayor o menor espacio de gasto hacia el futuro.
El cambio metodológico implica que se han incorporado en la programación de gasto los recursos únicamente para finalizar iniciativas de inversión que se encontraban en ejecución a esa fecha, sin considerar la compensación de la depreciación de la infraestructura existente, lo que debería incluir un nivel histórico de recursos para nuevas iniciativas. “Por solo este último concepto, el gasto comprometido estaría subestimado en más de US$ 3.000 millones solo en 2028 considerando el criterio utilizado en la elaboración del programa financiero que acompañó el proyecto de Ley de Presupuestos del año 2023, elaborado también por esta administración (…) Solo por la regularización de esta situación en la programación financiera, las verdaderas holguras fiscales serían negativas para todo el período”, indica el informe.
Desde la Dipres, se desestiman las afirmaciones sobre cambios metodológicos, refiriéndose al último IFP, que señala que “en concordancia con lo señalado en el clasificador presupuestario, comprende los gastos en que deba incurrirse para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión. La materialización de estos gastos requiere previamente una evaluación en la forma que lo dispone la ley de Administración Financiera del Estado, con las excepciones que correspondan”.
El análisis de la investigadora y exjefa de Administración Presupuestaria de la Dipres, Margarita Vial, compara el escenario financiero de mediano plazo actual con el presentado en la Ley de Presupuestos 2024, observando un gasto comprometido que ha sido revisado a la baja, mientras que, por el contrario, se han realizado sucesivas correcciones al alza en materia de ingresos, que se resumen en mayores entradas fiscales por US$ 2.000 millones en promedio para cada año, totalizando US$ 8.866 millones adicionales a los considerados en la estimación original para este período, “lo que incrementa técnicamente las holguras presentadas”.
