Javier Etcheberry lidera el SII y crea la Oficina de Crimen Organizado para combatir la evasión fiscal y el crimen organizado, fortaleciendo la fiscalización tributaria.
Javier Etcheberry ha estado al frente del Servicio de Impuestos Internos (SII) como subrogante durante más de dos meses, mientras simultáneamente se postula para asumir la titularidad del organismo a través de un concurso en Alta Dirección Pública (ADP). Durante este tiempo, ha establecido claramente sus prioridades, que incluyen el apoyo a la tramitación en el Congreso de un proyecto destinado a reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, la reducción de la evasión y la elusión fiscal, el enfrentamiento a la informalidad y la lucha contra las mafias y el crimen organizado que utilizan actividades económicas lícitas para ocultar sus ingresos y disminuir su carga tributaria.
En este contexto, Etcheberry ha llevado a cabo una reorganización significativa dentro del SII. Recientemente, el miércoles, emitió la resolución exenta N° 90, que establece la creación de una nueva Oficina de Crimen Organizado. Esta oficina se enfocará en combatir a los grupos que se dedican a actividades ilícitas, las cuales afectan negativamente las finanzas públicas. En la resolución, el ingeniero expone las razones que justifican la creación de esta nueva unidad, señalando que para los grupos delictivos organizados, la generación de ingresos es un “objetivo clave”. Este financiamiento es esencial para la supervivencia de sus redes delictivas y para la acumulación de riqueza, que a su vez utilizan para corromper y cooptar a rivales, facilitadores y funcionarios públicos en general.
Etcheberry explica que “la financiación es indispensable para apoyar y mantener el mando y el control, el personal, las armas, las comunicaciones, la logística y las operaciones de los grupos delictivos organizados”. Por lo tanto, seguir el rastro del dinero y desmantelar los flujos financieros ilícitos se considera una herramienta crucial para desarticular a estos grupos. Además, menciona que en los mercados ilícitos más comunes, asociados al crimen organizado, se generan diversas formas de ingresos que permiten su funcionamiento, lo que incluye “evasión sistemática de impuestos, ocultación de ingresos y capitales no declarados, ingresos ilegales”, lo que resulta en una pérdida de ingresos fiscales. Por esta razón, el control de la tributación a través de diversas acciones de fiscalización se vuelve indispensable.
La creación de esta nueva unidad también tiene como objetivo aumentar la coordinación con otros organismos del Estado en la lucha contra el crimen organizado. La nueva oficina, que dependerá directamente de la dirección nacional del SII, comenzará a operar el 1 de octubre. Según lo estipulado en la resolución, esta oficina será responsable de coordinar, cooperar y colaborar de manera “eficaz y eficiente” tanto a nivel interno como con otros organismos públicos, en el análisis, detección y entrega de información para combatir delitos relacionados con la criminalidad organizada.
La nueva Oficina de Crimen Organizado tendrá 14 funciones específicas. Entre estas, se destaca la identificación, análisis y monitoreo de sectores de la economía o tipos de contribuyentes que se encuentren “mayormente expuestos” al riesgo de ser utilizados por el crimen organizado. También se encargará de diseñar y utilizar herramientas e instrumentos de análisis de datos que permitan detectar y denunciar oportunamente eventuales delitos relacionados con el crimen organizado que se identifiquen durante las fiscalizaciones o la recopilación de antecedentes.
Además, la oficina colaborará y participará en fiscalizaciones documentales o en terreno que sean necesarias en el ámbito tributario, incorporando elementos que permitan identificar actividades vinculadas con el crimen organizado. Asimismo, deberá realizar acciones en coordinación con dos subdirecciones clave del SII: la Jurídica y la de Fiscalización. Otra de sus facultades será mantener vínculos de coordinación y colaboración con el Departamento de Crimen Organizado de la Subsecretaría del Interior, el Ministerio Público, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio Nacional de Aduanas, las policías y otros organismos públicos que participen en la política nacional contra el crimen organizado. También tendrá la capacidad de asesorar a los funcionarios del SII en la presentación de denuncias por delitos relacionados con el crimen organizado, así como a las direcciones regionales y la Dirección de Grandes Contribuyentes del servicio.
