La implementación de programas de rehabilitación para delincuentes de baja gravedad muestra resultados positivos en la reducción de reincidencia y muertes por sobredosis.
Un programa implementado en Wisconsin, diseñado para enviar a los sospechosos de delitos menores relacionados con las drogas a tratamiento en lugar de a la cárcel, ha mostrado resultados positivos, según un estudio reciente. Los investigadores que evaluaron la Iniciativa Recuperación del Área Madison (MARI, por sus siglas en inglés) encontraron que los delincuentes no violentos que recibieron una evaluación clínica y seis meses de tratamiento por uso de sustancias tenían menos probabilidades de ser arrestados, encarcelados o de morir por sobredosis en el año posterior a su arresto inicial.
La Dra. Aleksandra Zgierska, coautora del estudio y profesora de ciencias de la salud pública en la Universidad Estatal de Pensilvania, comentó: “Hay muchos sectores en nuestra comunidad, más allá de los proveedores clínicos, pacientes y familias, que están involucrados en la adicción y se ven afectados por ella. Todos están interesados en soluciones innovadoras”. Zgierska añadió que “pensamos que responder al consumo puede servir como un punto de intervención para facilitar la recuperación de la adicción; sabemos que es eficaz para mejorar vidas y reducir el crimen”.
La idea detrás de MARI surgió de conversaciones entre Zgierska y dos capitanes de policía sobre cómo las fuerzas del orden pueden ayudar a abordar la epidemia de opioides. Joseph Balles, capitán retirado que dirigió el proyecto, explicó: “La clave fue crear prácticas policiales basadas en evidencia y centradas en la comunidad”. Balles también destacó que el trastorno por uso de sustancias es una enfermedad crónica que requiere un compromiso a largo plazo.
Los adultos acusados de delitos menores son elegibles para recibir asesoramiento personalizado, apoyo entre pares y servicios de recuperación, mientras que los cargos penales se suspenden durante el tiempo que los participantes completan el programa de seis meses. Este enfoque ha sido documentado en otros estudios y se ha convertido en un modelo para programas en todo el país, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Jennifer Nyland, primera autora del estudio y asistente en neurociencias conductuales, señaló que “los antecedentes penales pueden afectar negativamente el acceso a recursos vitales para la recuperación, como vivienda y empleo”.
Entre septiembre de 2017 y agosto de 2020, un total de 263 personas se inscribieron en el programa MARI. De estas, 103 participaron en el programa, 100 lo completaron con éxito y 60 no. En comparación, aquellos que no participaron en el programa fueron arrestados 3.6 veces más y encarcelados 3.9 a 10.3 veces más, según los datos del estudio. Además, el 5.8% de los que participaron en el programa se vieron involucrados en incidentes fatales, mientras que el 3.3% de los que comenzaron pero no terminaron el programa sufrieron muertes. Este último porcentaje se traduce en un 2% de las mujeres, quienes a menudo enfrentan desafíos significativos y carecen de recursos permanentes.
Los hallazgos del estudio han sido publicados en la edición de la revista Journal of Substance Use and Addiction Treatment. Balles, en un comunicado de prensa, expresó que “cuando lees las evaluaciones, la gente a menudo expresa el sentimiento de que: ‘No puedo creer que la aplicación de la ley me haya introducido a la recuperación’. Estoy orgulloso”. Para más información, se puede consultar la Clínica Cleveland sobre la discriminación en el uso de sustancias.
