La Contraloría General de la República de Chile ha revelado que 910 funcionarios encargados de la administración y custodia de fondos públicos realizaron transacciones relacionadas con juegos de azar en casinos. Esta situación ha llevado al Ministerio de Defensa Nacional a activar mecanismos de fiscalización interna para abordar el problema.
El informe, conocido como el Consolidado de Información Circularizada N° 20, identificó a funcionarios de diversas instituciones, incluyendo la Fuerza Aérea de Chile y diez empleados de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). En respuesta a estos hallazgos, el Ministerio de Defensa ha decidido implementar acciones específicas de control en ambas entidades.
Como parte de estas medidas, el ministerio ha enviado oficios a la Fuerza Aérea y a la DGAC, solicitando que en un plazo de cinco días informen sobre las acciones adoptadas y los posibles sumarios administrativos que se inicien para determinar responsabilidades. Además, se ha enfatizado la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno en los servicios dependientes del ministerio.
El objetivo de estas acciones es salvaguardar la integridad institucional, mantener la confianza pública y asegurar el cumplimiento de la legalidad en el ejercicio de la función pública. En paralelo, el Ministerio de Defensa ha emitido un oficio a todas sus reparticiones para instruir una revisión interna que permita identificar situaciones similares a las detectadas por la Contraloría.
La autoridad ha subrayado la importancia de recibir respuestas oportunas de los organismos involucrados, con el fin de que las investigaciones y las medidas adoptadas permitan establecer eventuales responsabilidades administrativas y prevenir la repetición de estos incidentes.
En un contexto más amplio, el país enfrenta un aumento en los precios de los combustibles, lo que ha generado preocupación entre los transportistas. El Gobierno ha anunciado que el precio del combustible de 93 octanos subirá $370 por litro, mientras que el diésel aumentará entre $570 y $580 por litro. Esto ha llevado a los colectiveros a manifestar que las medidas de mitigación no evitarán incrementos en las tarifas, y el gremio de buses ha denunciado ser excluido de las conversaciones con el Gobierno sobre este tema.
