En el contexto de la creciente preocupación por la seguridad pública en diversas comunas de Chile, los alcaldes de Puerto Montt y Concepción han instado a una pronta tramitación de la Ley de Seguridad Municipal en el Senado. Además, han solicitado al Gobierno que se asignen mayores recursos para que las municipalidades puedan desempeñar de manera efectiva sus funciones de protección y prevención del delito.
Demandas de los alcaldes
El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, expresó su firme condena ante la reciente agresión sufrida por funcionarios de seguridad en la municipalidad de Cartagena, subrayando que su propia ciudad ha enfrentado incidentes similares. En este contexto, Wainraihgt destacó la urgencia de que la ley que confiere más facultades y atribuciones de seguridad a las municipalidades sea aprobada sin demora por el Senado.
Importancia de la ley
Wainraihgt afirmó: “Nosotros también hemos sufrido hechos delictuales como estos, y por eso es tan importante que hoy en día tenga tramitación y salga del Senado la ley que le entrega más facultades y atribuciones de seguridad a las municipalidades”. Además, enfatizó que la ley no solo debe incluir facultades, sino que también debe ir acompañada de recursos y presupuestos adecuados. Esto permitiría a las municipalidades invertir en implementos de seguridad para sus funcionarios, asegurando así no solo su integridad física, sino también la de los vecinos.
Perspectiva del alcalde de Concepción
Por su parte, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, subrayó la necesidad de que las indicaciones del Gobierno respecto al proyecto de Ley de Seguridad Municipal reflejen las verdaderas necesidades de todos los municipios del país. Muñoz expresó: “Espero que las indicaciones del Gobierno para el proyecto de Ley de Seguridad Municipal apunte a las reales necesidades que tenemos los Municipios, ya que la actual moción no ve la realidad que vivimos día a día, y sin recursos no se pueden hacer malabares”.
Equidad en la legislación
El alcalde Muñoz también hizo hincapié en que “las leyes no pueden estar pensadas solamente en los Municipios de mayores recursos, sino en todo el país, y además deben contar las reales garantías para el total cumplimiento de la seguridad ciudadana”. Esta declaración resalta la importancia de una legislación equitativa que contemple las diversas realidades que enfrentan las municipalidades en Chile, asegurando que todos los municipios tengan acceso a los recursos necesarios para garantizar la seguridad de sus comunidades.
