La Ley de Inclusión aumenta la cuota de contratación de personas con discapacidad al 2%. Parlamentarias destacan la necesidad de avances reales en inclusión laboral.
Con la reciente promulgación de la Ley de Inclusión, se ha incrementado la cuota de contratación de personas con discapacidad del 1% al 2%. Esta medida ha suscitado reacciones diversas entre los miembros de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad del parlamento, quienes han expresado tanto su apoyo a la iniciativa como su preocupación por la falta de avances significativos en la inclusión laboral de este grupo.
La diputada republicana Catalina del Real destacó que “la inclusividad debería ser una política que las empresas adopten por iniciativa propia, pero como no todas lo hacen, se tiene que ir haciendo mediante leyes que permitan que las personas con discapacidad puedan acceder al mercado laboral”. A pesar de que el aumento de la cuota a un 2% es considerado un paso positivo, Del Real subrayó que “lamentablemente todavía no se llega ni al 1% como dice la actual ley, porque el 80% de los contratos celebrados bajo la Ley N° 21.015 se iniciaron antes de que esta ley entrara en vigencia, o sea que no necesariamente significó nuevas contrataciones”.
En una línea similar, la diputada Carla Morales, de Renovación Nacional, enfatizó la necesidad de continuar avanzando en este ámbito, pero advirtió sobre la efectividad de las cifras presentadas. Morales mencionó que “expertos han dicho que solo un 20% del total de contratos corresponderían a nuevos puestos laborales ocupados por personas con discapacidad, lo que significa que en la práctica es muy poco lo que se está avanzando”. Además, hizo hincapié en la falta de fiscalización a las empresas privadas para verificar si están cumpliendo con la normativa, lo que representa un desafío adicional.
Por su parte, Marlene Pérez, diputada independiente de la UDI, resaltó la importancia de asegurar que la ley se cumpla efectivamente. Pérez afirmó que “es importante seguir avanzando en la inclusión, pero también hay que revisar que las empresas estén cumpliendo con la norma. De lo contrario, es letra muerta”. También hizo un llamado al Gobierno para que no solo se enfoque en el aumento porcentual, sino que garantice el cumplimiento de la ley, especialmente en lo que respecta a las contrataciones de mujeres, donde la situación es más crítica.
La Ley de Inclusión, que comenzó una nueva fase tras su publicación el 24 de agosto, establece que las empresas con 100 o más trabajadores deben contratar al menos un 2% de personas con discapacidad o pensionadas por invalidez. Sin embargo, este ajuste solo entrará en vigor cuando el 80% de las empresas cumplan con la cuota del 1%, lo que sigue siendo un reto considerable para el país.
Matías Poblete, presidente y fundador de la Fundación Chilena para la Discapacidad, se refirió a este aumento de la cuota, señalando que “nos enfrentamos a un desafío monumental y de largo plazo, ya que actualmente el cumplimiento del 1% sigue siendo insuficiente”. Poblete enfatizó que “la inclusión laboral no debe reducirse a cifras y porcentajes; se trata de la voluntad, tanto del sector empresarial como del público, de asegurar una inclusión real y sostenible”. Esto implica no solo facilitar la contratación de personas en situación de discapacidad, sino también garantizar su permanencia en los empleos, creando entornos accesibles y promoviendo una cultura organizacional inclusiva y equitativa.
Finalmente, Poblete subrayó que “si bien una mayor fiscalización y el incremento de multas son pasos importantes para hacer cumplir la normativa, es fundamental fomentar la concientización y promover una verdadera cultura inclusiva en el ámbito laboral”. Afirmó que “tanto en el sector público como en el privado, la clave está en valorar la permanencia y el aporte de las personas con discapacidad, entendiendo que la inclusión laboral no es solo una meta legal, sino una oportunidad para construir espacios más diversos y justos”.
