Empleados del Banco Vaticano enfrentan despido tras casarse, debido a una normativa que prohíbe la contratación de cónyuges. La ADLV busca soluciones.
Dos empleados del Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido comúnmente como el Banco Vaticano, se encuentran en una situación complicada que podría llevar a su despido tras haber contraído matrimonio. Esta situación se origina a raíz de una nueva normativa implementada por el organismo, que prohíbe la contratación de dos cónyuges en el mismo lugar de trabajo.
Los trabajadores, quienes celebraron su boda el pasado sábado en una parroquia situada en la costa romana, podrían perder sus empleos en un plazo de un mes si no se encuentra una solución adecuada. La Asociación de Empleados Laicos del Vaticano (ADLV) ha intentado intervenir en este conflicto, aunque sus esfuerzos no han dado resultado. En un comunicado, la ADLV expresó: “Como asociación que representa las reivindicaciones de sus casi 600 miembros, hemos intentado mediar con el IOR, consultando a expertos en derecho canónico y aportando argumentos para destacar cómo el nacimiento de una nueva familia no puede verse comprometido por reglamentos burocráticos, pero no ha servido de nada”.
La ADLV también indicó que sus intentos de diálogo solo resultaron en una “fría comunicación” por parte del IOR, que se limitó a referirse a un reglamento con efectos retroactivos. Este reglamento se aplica a los empleados que ya habían fijado la fecha y el lugar de su boda antes de que la norma entrara en vigor.
La normativa en cuestión establece que el contrato de trabajo de ambos empleados se dará por terminado 30 días después de la celebración del matrimonio, a menos que uno de los cónyuges decida renunciar voluntariamente a su puesto. El diario “Il Messaggero”, que reportó el caso en julio, se refirió a los empleados como “los Romeo y Julieta de más allá del Tíber”, resaltando su valentía al desafiar la nueva normativa del IOR.
Desde que se conoció el caso, ha sido objeto de discusión en diversas instancias curiales y ha sido analizado por prelados y juristas, sin que hasta el momento se haya encontrado una solución viable. La ADLV ha manifestado su intención de seguir defendiendo un derecho laboral que respete las aspiraciones legítimas de los empleados y que fomente un sentido de comunidad dentro del Vaticano. En sus declaraciones, la asociación afirmó: “Con la ayuda de todos seguiremos actuando, nos reforzaremos como el organismo deseado por San Juan Pablo II, para que la ADLV sea un actor de concertación en todos los lugares de trabajo”.
En la actualidad, la única opción que parece viable para evitar el despido de los empleados es una intervención directa del Papa, según la información proporcionada por las fuentes citadas.
