El Gobierno de Gabriel Boric enfrenta críticas por el traspaso de más de 3,4 billones de pesos desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) hacia las arcas fiscales en 2023. Este movimiento ha suscitado interrogantes sobre la situación presupuestaria del país y la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Contexto del traspaso de fondos
En medio de un periodo donde la mayoría de las voces políticas están de vacaciones, el Gobierno se encuentra en el centro de una controversia relacionada con la situación financiera del país. La transferencia de más de 3,4 billones de pesos desde la Corfo ha sido objeto de atención, especialmente considerando que se realizó en un contexto de críticas por los avances en áreas como salud, vivienda y seguridad, así como por la creación de aproximadamente 100 mil nuevos cargos en el sector público.
Es importante señalar que, según expertos, el retiro de fondos de la Corfo hacia el Ministerio de Hacienda se realizó dentro del marco legal. Sin embargo, la magnitud de la cantidad transferida ha generado dudas sobre la necesidad de estos recursos y la falta de comunicación oportuna al respecto.
La Corfo y su función
La Corfo es una entidad gubernamental encargada de fomentar el desarrollo económico en Chile. Su misión principal incluye impulsar la innovación, el emprendimiento y la productividad a través de financiamiento, subsidios y asesoría a empresas y proyectos. Además, la Corfo promueve la inversión en tecnología y sostenibilidad, buscando mejorar la competitividad del país a nivel internacional.
La Corfo también obtiene ingresos de inversiones, como las relacionadas con la extracción de litio, gracias a contratos con empresas mineras como SQM y Albemarle, que operan en el Salar de Atacama.
Detalles del traspaso
Según un reportaje de The Clinic, en 2023, la Corfo aprobó traspasos al fisco a través de seis transferencias que totalizaron $3.426.693.555.220, lo que representa el 4,5% del presupuesto nacional para ese año. La controversia surge porque, para cumplir con el último traspaso solicitado por Hacienda, que ascendía a 1.500 millones de dólares, la Corfo tuvo que vender activos financieros, lo que implicó una “pérdida patrimonial”.
El vicepresidente ejecutivo de la Corfo, José Miguel Benavente, se abstuvo de aprobar el traspaso, argumentando que esto significaba una “reducción de los fondos patrimoniales” necesarios para el funcionamiento a largo plazo de la entidad. Sin embargo, Benavente también afirmó que no hubo “pérdidas de capital” tras las transferencias al fisco.
Solicitudes de Hacienda
En febrero de 2023, Hacienda solicitó un primer traspaso de más de $2 billones, que se acordó pagar en cinco cuotas a lo largo del año. El acta de la sesión indicó que la solicitud se debió a la necesidad de caja y a que el nivel de endeudamiento estaba copado, lo que impedía sostener la caja a través de la emisión de deuda. A pesar de esto, Hacienda solicitó de manera informal que los pagos se adelantaran, lo que llevó a la Corfo a vender activos para cumplir con el Gobierno.
Después de completar el primer monto solicitado, la Corfo terminó transfiriendo casi 281 mil millones más de lo inicialmente requerido, lo que equivale a todo el presupuesto que la Corfo destina a transferencias y apoyo al sector privado en un año.
La solicitud de 1.500 millones de dólares
El 29 de noviembre de 2023, el Gobierno volvió a solicitar a la Corfo 1.500 millones de dólares, esta vez con una fecha límite para el 8 de diciembre. La solicitud se refería a las utilidades netas de la Corfo en 2022. Sin embargo, la Corfo necesitó más tiempo para cumplir con la solicitud, ya que los recursos estaban invertidos como patrimonio fiscal y requerían ser liquidadas, lo que implicaba venderlos a un precio inferior al de adquisición.
Como resultado de la venta de ciertos instrumentos financieros, la Corfo dejó de percibir aproximadamente $193 millones de dólares en intereses durante 2023.
Legalidad del traspaso
El Ministerio de Hacienda emitió un comunicado afirmando que las acciones realizadas no estaban fuera del marco legal y que se fundamentaban en el “Balance Estructural”. Expertos como Francisco Castañeda, economista de la Universidad Central, confirmaron que la polémica es legal, dado que el Ministerio de Hacienda tiene la facultad de recaudar recursos de las agencias del Estado.
El vicedecano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la misma universidad, Jonathan Hermosilla, también indicó que, al ser la Corfo una agencia gubernamental, el Estado puede requerir su patrimonio para equilibrar el presupuesto nacional.
Destino de los recursos
La Dirección de Presupuesto (Dipres) no pudo especificar el destino de los traspasos, indicando que al integrarse al Tesoro Público, los recursos se suman a los montos existentes, lo que dificulta identificar un gasto específico. El ministro de Economía, Nicolás Grau, defendió la transparencia de los movimientos y mencionó que los recursos se destinaron a urgencias sociales, como seguridad, salud y vivienda.
Responsabilidad fiscal y críticas
El economista Jonathan Hermosilla sugirió que el reintegro de recursos de la Corfo al Tesoro Público podría ser visto como una medida para “tapar un hoyo” en el equilibrio presupuestario, lo que podría indicar una gestión inadecuada. La falta de comunicación sobre estos traspasos ha llevado a cuestionamientos sobre la transparencia del Gobierno.
La gestión de Mario Marcel y Javiera Martínez ya estaba bajo escrutinio antes de este episodio, y la UDI ha solicitado la creación de una comisión investigadora para indagar sobre los errores en la Dipres relacionados con el incumplimiento de metas fiscales.
En resumen, la situación actual del traspaso de fondos desde la Corfo hacia el fisco ha generado un debate sobre la legalidad, la transparencia y la responsabilidad fiscal del Gobierno de Gabriel Boric.
