El reconocido artista puertorriqueño Daddy Yankee, cuyo nombre completo es Raymond Ayala Rodríguez, ha reactivado el conflicto legal que sostiene con su esposa Mireddys González y su cuñada Ayeicha. Este conflicto se centra en acusaciones de incumplimiento de un acuerdo relacionado con el control de las corporaciones Cartel Records y Los Cangris Inc. En una segunda moción presentada el pasado viernes, la defensa del cantante solicitó al juez Anthony Cuevas del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que declare en “desacato” a las demandadas, debido a una serie de presuntos incumplimientos que están obstaculizando la transición corporativa, según comunicó la agencia EFE.
La crisis entre las partes se intensificó tras el anuncio de Daddy Yankee sobre su separación y divorcio, después de casi 30 años de matrimonio. La disputa escaló cuando el artista demandó a las hermanas, acusándolas de transferir un total de 100 millones de dólares desde cuentas corporativas a cuentas personales, sin la autorización previa necesaria. Según los documentos judiciales, el pasado 20 de diciembre, se acordó que Daddy Yankee se convertiría en “el único oficial representante” de Los Cangris Inc. Además, las demandadas se comprometieron a entregar toda la documentación y los accesos necesarios para formalizar el traspaso. También se pactó que 75 millones de dólares permanecerían “intocables” durante un periodo de 30 días.
Sin embargo, el equipo legal del reguetonero argumenta que las demandadas han mostrado una actitud de “burla” hacia las disposiciones del tribunal. En su argumentación, señalaron que no se presentaron a la reunión programada para el 26 de diciembre ni entregaron la información requerida. En un documento citado por Univisión, se afirma: “Resultó evidente que, tanto las ausencias como la falta de información disponible y la entrega puntual, respondieron a una estrategia deleznable diseñada para impedir lo ordenado”.
Los abogados de Daddy Yankee denunciaron que la renuncia presentada por las demandadas no cumplía con los requerimientos legales, ya que “nada tiene que ver con lo corporativo”. En su moción, los representantes legales del artista solicitaron respetuosamente que el tribunal esté informado sobre la situación expuesta. Ante la primera acusación de desacato, las demandadas argumentaron que estuvieron presentes físicamente, pero aseguraron que “estaban disponibles vía telefónica”.
Asimismo, indicaron que “los libros y sellos corporativos, al igual que varios otros accesos”, estaban disponibles durante dicho encuentro. Admitieron que la parte demandante había solicitado la reunión en fechas decembrinas. También afirmaron que cesaron sus posiciones ejecutivas en las empresas tras la entrega de una resolución corporativa que designaba a Raymond Ayala Rodríguez como presidente de las mismas.
“Las aquí comparecientes continúan buscando lo adicional que fue solicitado”, aseguró la representación legal. Cabe mencionar que se ha otorgado a González hasta el 31 de diciembre para completar los pendientes. Mientras tanto, sostiene que los incumplimientos han podido “asumir cierto responsable de asuntos, cuentas, activos, registros y, en consecuencia, de su carrera artística”.
“Semejante proceder de desacato y burla a la autoridad no puede permitirse y requiere vindicación inmediata”, enfatizaron en la moción.
