La Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Afucap) ha expresado su rechazo ante los despidos de personal tras el reciente cambio de autoridades en el ministerio, donde Francisco Undurraga asumió como nuevo ministro.
Según información de BioBioChile, alrededor de diez trabajadores han sido desvinculados, incluyendo cinco a contrata y cinco de planta, desde la llegada de Undurraga, quien fue designado por el presidente José Antonio Kast. En una declaración oficial, Afucap condenó “de manera categórica y enérgica las desvinculaciones de trabajadoras y trabajadores a contrata y a honorarios” realizadas por la nueva administración de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes.
La asociación argumentó que estas acciones demuestran una “preocupante falta de respeto” hacia el trabajo de quienes han sostenido las políticas culturales en el país. Afirman que los despidos, considerados arbitrarios y sin justificación técnica, amenazan la estabilidad del empleo público y vulneran derechos adquiridos, lo que podría afectar la continuidad de programas culturales que benefician a las comunidades.
En una reciente entrevista con CNN Chile, el ministro Undurraga mencionó que el recorte del 3% en el presupuesto anual, ordenado por el ministerio de Hacienda, podría ser mayor. (Va a ser recortado) incluso un poco más, indicó, añadiendo que aún se encuentran en conversaciones con la Dirección de Presupuestos (Dipres) para definir el monto exacto.
Además, el ministro hizo referencia a los despidos en el ministerio, lo que fue interpretado por Afucap como una confirmación de que “los despidos ‘van a seguir habiendo’ en la medida en que se instalen equipos propios”. Esta declaración fue criticada por la asociación, que considera que normaliza la rotación de personal por motivos políticos, generando inestabilidad en un sector que requiere continuidad y conocimiento a largo plazo.
Afucap también rechazó la “rotación indiscriminada de personal”, que, según ellos, convierte la vocación pública en un “botín político” y condena a muchos trabajadores a la incertidumbre económica. En su declaración, exigieron la “reversión de todas las desvinculaciones arbitrarias” y pidieron transparencia en los procesos de término anticipado de contratos. Asimismo, solicitaron la creación de una “mesa de diálogo efectiva” entre las asociaciones de funcionarios y las nuevas autoridades del ministerio.
