Provincial Osorno, un club de fútbol que compite en la Segunda División de Chile, ha presentado una queja formal ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en relación a los cobros por formación de jugadores establecidos por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). La controversia gira en torno al artículo 44 del Reglamento de Fútbol Joven de la ANFP, que estipula un pago de 30,000 dólares por cada año de formación de un jugador menor de 23 años que se traslade a un club diferente al que lo formó.
El club sureño argumenta que este cobro se realiza sin considerar factores como la inversión real del club formador, la categoría del club receptor, la situación contractual del jugador y el costo efectivo de formación. Según Provincial Osorno, este sistema de tarifas impone una carga económica que puede resultar prohibitiva para clubes de menor categoría. “Este cobro se exige incluso cuando el jugador ha sido liberado por su club de origen y no será utilizado deportivamente por éste”, señalaron desde el club, describiendo la situación como una tarifa obligatoria que limita el acceso al mercado laboral deportivo.
Provincial Osorno ha ejemplificado la situación, indicando que si un jugador ha estado inscrito durante cuatro años en un club de Primera División, el costo para cualquier club que desee ficharlo antes de que cumpla 23 años ascendería a 120,000 dólares. Si el período de formación fue de seis años, el costo se elevaría a 180,000 dólares, sin que exista un límite máximo o una gradualidad asociada a la categoría del club o a la inversión efectivamente realizada.
El club sostiene que esta normativa afecta negativamente su capacidad para negociar con jugadores jóvenes formados en clubes de Primera A o B, ya que el costo de la compensación puede superar su presupuesto total para incorporaciones en una temporada. Esto, según ellos, les obliga a desistir de negociaciones o a limitarse a fichar jugadores mayores de 23 años o fuera del régimen de formación.
Provincial Osorno también ha señalado que la situación resulta en la exclusión de un segmento clave del mercado de jugadores jóvenes, lo que impacta negativamente en su competitividad, atractivo comercial y, en última instancia, en el interés del público. El club busca que el TDLC evalúe si el cobro de 30,000 dólares constituye una barrera artificial, discriminatoria o restrictiva del mercado, y que se implementen las modificaciones necesarias para alinear la regulación nacional con los principios de libre competencia y el sistema internacional de compensación por formación de la FIFA.
El proceso en el TDLC ha comenzado recientemente y se notificó oficialmente en el Diario Oficial, permitiendo que otros interesados se sumen a la causa. La resolución de este caso podría tener implicaciones significativas para la regulación de los cobros por formación en el fútbol chileno.
