
Un complejo panorama financiero y judicial estaría enfrentando el exfutbolista Mauricio Pinilla, a raíz de un fallido negocio nocturno por el cual arrastra una abultada deuda desde 2019.
Demanda por arriendo de inmueble
Fue el empresario Samy Ygoda Assael quien demandó a Pinilla en 2022 ante un Juzgado Civil de Santiago, por adeudar el pago de arriendo de un inmueble en el que se planeaba instalar un local nocturno, denominado Bar Constitución. Esta acción judicial fue acogida, se puso término al contrato y se instruyó al demandado a pagar la deuda y devolver la propiedad.
Solicitud de quiebra
Con el fallo en mano, Ygoda solicitó ahora declarar la quiebra del exseleccionado nacional, argumentando que no habría presentado bienes suficientes para cubrir sus deudas. Con esta medida, se busca obligar a Pinilla a saldar lo referente al arriendo y también un pagaré que supera los $300 millones, a favor de Primus Capital, según reportó el medio Pulso.
Detalles del contrato de arriendo
De acuerdo al citado medio, Pinilla arrendó el local ubicado en la comuna de Recoleta en marzo de 2016, en un contrato que llegó a las 169 Unidades de Fomento mensuales. Los problemas comenzaron en octubre de 2019, cuando el comentarista deportivo dejó de pagar la renta y comenzó a atrasarse en los pagos de los servicios de luz y agua. Desde entonces, el propietario comenzó a presionar para el cumplimiento del contrato, pero la situación se complicó aún más.
Incumplimientos y problemas de seguridad
Según las acusaciones, no solo dejaron de pagar, sino que además subarrendaron el inmueble, lo que vulneraba nuevamente el contrato. Cuando finalmente se entregó el local, los propietarios se percataron de que se había desmantelado un techo que figuraba como mejora pactada en el contrato, lo cual representaba un riesgo de seguridad y comprometía la renovación de las patentes.
Venta de acciones y maniobras legales
En el fallo se indicó que Pinilla y sus socios habían vendido sus acciones en Bar Constitución a un empresario nocturno, pero los contratos seguían a su nombre. Esto pudo ser interpretado como una maniobra para evitar responsabilidades por deudas, según se detalla en la resolución.