La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un beneficio significativo para los adultos mayores en Chile, diseñado para complementar los ingresos mensuales de los pensionados y así mejorar su calidad de vida. Este apoyo estatal está destinado a personas que han alcanzado la edad de 65 años y que no se encuentran dentro del 10% de los ciudadanos con mayores ingresos en el país. El monto máximo que se otorga a través de la PGU es de $224.004 mensuales, aunque esta cifra puede variar dependiendo de la pensión base que reciba cada beneficiario. Este aporte está disponible tanto para aquellos que reciben pensiones de diferentes regímenes como para quienes no tienen derecho a pensión bajo ningún sistema previsional.
Situaciones que pueden extinguir la PGU
El Instituto de Previsión Social (IPS) ha establecido diversas causales que pueden llevar a la extinción de este beneficio. Entre las razones más relevantes se encuentran:
- El fallecimiento del beneficiario.
- Permanecer fuera del territorio nacional por más de 180 días, ya sean continuos o discontinuos.
- Presentar antecedentes falsos, erróneos o incompletos para obtener la PGU.
- Dejar de cumplir con el requisito de no pertenecer al 10% más rico de la población.
Casos en que se puede suspender temporalmente el pago
El IPS también ha definido situaciones en las que el pago de la PGU puede ser suspendido temporalmente, sin que esto implique su extinción definitiva. Estas situaciones incluyen:
- No realizar el cobro del beneficio durante seis meses consecutivos.
- No entregar los antecedentes solicitados por el IPS para acreditar el cumplimiento de requisitos dentro del plazo de tres meses desde que se hace el requerimiento.
Aumento gradual del monto de la PGU
Con la reciente aprobación de la Reforma de Pensiones, se ha previsto un aumento gradual del monto de la PGU, que pasará de los actuales $224.004 a $250.000. Este incremento se implementará en tres etapas:
- 1 de septiembre de 2025
- 1 de septiembre de 2026
- 1 de septiembre de 2027
Este aumento tiene como objetivo mejorar la situación económica de los adultos mayores en el país, asegurando que el apoyo estatal se ajuste a las necesidades de la población pensionada.
