
El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ha sido condenado a cadena perpetua por la imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, un acto que el tribunal ha calificado de insurrección. Esta decisión se produjo tras el despliegue de tropas en la Asamblea Nacional, lo que interrumpió las funciones del Parlamento y fue considerado un intento de subvertir la Constitución y socavar los valores democráticos del país.
El fallo se emitió en el Tribunal de Distrito de Seúl, en la misma sala donde en 1996 se condenó a muerte al expresidente Chun Doo-hwan por su papel en el golpe de Estado de 1979 y la represión del movimiento de democratización de Gwangju en 1980. La fiscalía había solicitado la pena de muerte para Yoon, aunque el tribunal optó por la cadena perpetua, considerando atenuantes como el uso limitado de la fuerza, la desorganización del plan, su larga trayectoria en el servicio público y su edad, 65 años.
Yoon había declarado la ley marcial la noche del 3 de diciembre de 2024, un decreto que fue revocado por el Parlamento pocas horas después. El Tribunal Constitucional destituyó a Yoon en abril de 2025, al determinar que no existían indicios de una emergencia que justificara su decisión. Durante su mandato, Yoon había acusado al Partido Democrático, principal partido opositor, de tener vínculos con el régimen norcoreano, aunque no presentó pruebas que respaldaran sus afirmaciones.
Nacido en 1960 en Seúl, Yoon Suk-yeol se formó en la escuela privada Choongam y se graduó en Derecho por la Universidad Nacional de Seúl. Su carrera en la fiscalía comenzó en 1994, donde se destacó por procesar a figuras influyentes, incluyendo a la expresidenta Park Geun-hye, destituida por un escándalo de corrupción que también involucró a Lee Jae-yong, líder de Samsung. En 2019, fue nombrado fiscal general, pero su relación con el gobierno de Moon Jae-in se deterioró, lo que lo llevó a renunciar en 2021 y postularse como candidato del Partido del Poder Popular (PPP), ganando las elecciones en 2022.
Desde el inicio de su presidencia, Yoon adoptó una postura confrontativa que generó divisiones en la sociedad surcoreana, culminando en la declaración de la ley marcial. Su administración enfrentó críticas por la reubicación de la Oficina Presidencial, intentos de eliminar el Ministerio de Igualdad de Género y su retórica contra sindicatos y medios de comunicación. Además, su gobierno se vio envuelto en escándalos relacionados con su esposa, Kim Keon-hee, y acusaciones de negligencia.
En abril de 2024, el PPP sufrió una derrota significativa en las elecciones legislativas, dejando a Yoon como el primer presidente surcoreano sin mayoría parlamentaria. Ante la oposición que bloqueaba sus iniciativas, Yoon se rodeó de leales, alimentando teorías de sabotaje interno y alegando que las elecciones habían sido manipuladas por hackers norcoreanos.
La declaración de la ley marcial fue presentada como una respuesta a lo que Yoon consideraba una amenaza interna por parte de “fuerzas antinacionales pro-Pyongyang”. Sin embargo, la medida fue rechazada tanto por la oposición como por miembros de su propio partido, quienes la vieron como un intento desesperado de aferrarse al poder. La Asamblea Nacional revocó la ley marcial en menos de seis horas, y el 14 de diciembre de 2024, se aprobó su destitución. Yoon fue arrestado en enero de 2025, convirtiéndose en el primer presidente surcoreano en ejercicio en enfrentar un juicio penal. Aunque fue liberado en marzo por irregularidades en su arresto, fue encarcelado nuevamente en julio, donde esperó el juicio que culminó con su condena.