La reciente aprobación por parte de Israel de una ley que establece la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos condenados en tribunales militares ha generado una fuerte reacción internacional, especialmente de la Unión Europea y de la ONU.
El 30 de marzo, el Parlamento israelí, con el apoyo de 62 legisladores, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu, aprobó esta controvertida medida, que ha sido calificada como un “claro retroceso” por un portavoz de la Comisión Europea. En una rueda de prensa, el vocero instó a Israel a adherirse a sus compromisos con el derecho internacional y los principios democráticos, subrayando que la nueva legislación plantea serias preocupaciones sobre violaciones del debido proceso y discriminación.
El jefe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, también condenó la ley, afirmando que “debe ser derogada de inmediato“. Turk destacó que la legislación es “profundamente discriminatoria” y sugiere preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos.
En respuesta a la aprobación de la ley, cientos de manifestantes se congregaron en Londres, portando carteles que exigían la liberación de Palestina y el fin del apartheid. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se unió a las críticas, describiendo la normativa como un “paso hacia el apartheid” y señalando que se aplica de manera asimétrica, ya que no se aplicaría a israelíes que cometan los mismos delitos.
La ley establece que los tribunales militares israelíes deben imponer la pena de muerte a palestinos condenados por el asesinato de ciudadanos israelíes en actos considerados “terroristas“, con excepciones limitadas. Estos tribunales solo juzgan a palestinos en Cisjordania ocupada, mientras que los ciudadanos israelíes son procesados en tribunales civiles, donde la pena de muerte no es obligatoria y requiere condiciones adicionales.
Expertos legales han señalado que esta legislación crea un sistema judicial dual que afecta principalmente a los palestinos. Amichai Cohen, investigador del Instituto Israelí para la Democracia, explicó que la ley se aplicará en los territorios con tribunales militares, pero no a los judíos, lo que refuerza la percepción de un sistema de justicia desigual.
La ley también estipula que las ejecuciones se llevarán a cabo por ahorcamiento en un plazo de hasta 90 días tras la sentencia firme, sin mecanismos claros de clemencia o indulto. Esta situación se produce en un contexto de creciente tensión entre España e Israel, exacerbada por las críticas de Sánchez al gobierno israelí durante las hostilidades en Gaza entre 2023 y 2025, que él calificó de “genocidio“.
