Un juez federal de Washington D.C. ha decidido suspender la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca, un proyecto emblemático de la administración de Donald Trump. La orden fue emitida por el magistrado Richard Leon, quien tomó esta determinación tras recibir un recurso de la National Trust for Historic Preservation, una organización dedicada a la protección del patrimonio histórico en Estados Unidos.
El proyecto, que tiene un costo estimado de 400 millones de dólares, está siendo financiado por donaciones de instituciones privadas a través del Servicio de Parques Nacionales. Sin embargo, el juez Leon argumentó que Trump debe solicitar permiso al Congreso para realizar modificaciones en la Casa Blanca, dado que el edificio es considerado un monumento nacional. “Todavía no es tarde para que el Congreso autorice la continuación de la construcción del salón de baile. El Presidente puede acudir en cualquier momento al Congreso para obtener autorización expresa para construir un salón de baile y hacerlo con fondos privados”, afirmó Leon. Además, el juez subrayó que “ninguna ley se acerca a otorgarle al Presidente la autoridad que dice tener”.
El proyecto ha generado controversia desde su inicio, especialmente por la demolición del Ala Este de la Casa Blanca, una estructura que data de 1902 y fue construida durante la presidencia de Theodore Roosevelt. Esta ala fue diseñada para equilibrar visualmente el Ala Oeste, donde se ubica el Despacho Oval. Originalmente, el Ala Este era una edificación sencilla de dos pisos, pero fue ampliada en 1942 bajo la administración de Franklin D. Roosevelt, añadiendo un búnker subterráneo.
Entre los patrocinadores del nuevo salón de baile se encuentran figuras destacadas como Benjamín León, el nuevo embajador de Estados Unidos en España y propietario de una empresa de servicios de salud en Florida. También figuran importantes empresas tecnológicas como Apple, Amazon, Google y Microsoft, así como magnates del petróleo como Harold Hamm, conocido por su apoyo financiero a las campañas políticas de Trump. La controversia en torno a este proyecto refleja las tensiones entre la preservación del patrimonio histórico y las iniciativas de desarrollo contemporáneo en la sede del gobierno estadounidense.
