La licitación para el tren que conectará Valparaíso y Santiago enfrenta una complicada disputa legal que podría ocasionar retrasos en su avance, debido a la impugnación presentada por un consorcio y a una objeción de la Contraloría. En mayo, la Dirección General de Concesiones adjudicó el contrato al Consorcio WSP-Ineco, mientras que el grupo Consultrans-Pini-Sustentable, que había presentado una oferta inferior, impugnó esta decisión alegando presuntas irregularidades técnicas. Especialistas en el área han señalado que este tipo de disputas son comunes en procesos de licitación pública, especialmente cuando los competidores han dedicado tiempo y recursos significativos a estudios y análisis previos.
Los profesionales también han indicado que errores administrativos menores pueden influir en la adjudicación del contrato. “Los errores administrativos menores pueden afectar también la adjudicación”, afirmó Álvaro Peña, académico de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Además, Peña destacó que la jurisprudencia y los marcos regulatorios del país son fundamentales para resolver estos conflictos, subrayando que la cautela del Ministerio de Obras Públicas al adjudicar la licitación es crucial para asegurar la calidad del servicio.
En este contexto, Camila Flores, diputada de Renovación Nacional (RN), criticó la situación, señalando que refleja una “grave falta de gestión” por parte del Ejecutivo, lo que pone en riesgo una obra que es clave para la región. Por su parte, el senador socialista Tomás de Rementería enfatizó la necesidad de resolver el conflicto con rapidez para evitar retrasos en un proyecto que es de interés público para la zona.
El Consejo de Defensa del Estado recomendó rechazar la demanda presentada, sin embargo, la Contraloría objetó la adjudicación debido a la omisión de un formulario clave. Esta situación llevó a WSP-Ineco a presentar una demanda contra la Contraloría, argumentando que esta había excedido sus atribuciones. El Tribunal de Contratación Pública se declaró incompetente para conocer del caso, que ahora será revisado por la Corte de Apelaciones de Santiago. Mientras tanto, los expertos insisten en que el proceso debe garantizar el cumplimiento de las bases y la protección de la calidad del proyecto, manteniendo el enfoque en los intereses tanto de los competidores como del Estado.
