La Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma) de Bolivia ha llevado a cabo la desarticulación de dos redes que se dedicaban al tráfico ilegal de fauna silvestre en operativos realizados en las ciudades de Cochabamba y Oruro. Uno de los casos involucraba la intención de trasladar 28 loros hacia Chile. En total, se detuvo a cuatro individuos, de los cuales dos estaban directamente implicados en el tráfico internacional de animales, cuyo destino final era el territorio chileno.
Según el medio local La Razón, el director nacional de Pofoma, coronel Carlos Chispas, informó que “tenemos dos personas aprehendidas: una en la ciudad de Oruro que era el destinatario, y otra en la ciudad de Cochabamba”. La investigación se inició tras la interceptación de un cargamento que contenía 28 loros amazónicos, los cuales estaban destinados a ser trasladados a Chile. Los detenidos han sido puestos a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades continúan indagando sobre posibles conexiones con redes más amplias que se dedican al contrabando de fauna hacia el exterior. El jefe policial destacó que “este tipo de tráfico es recurrente en la región altiplánica y las especies de la Amazonía boliviana son altamente cotizadas en el mercado ilegal extranjero como mascotas”.
En un operativo paralelo, la policía también desmanteló una red dedicada a la venta ilegal de erizos en el municipio de Quillacollo, Cochabamba, después de varios meses de patrullaje cibernético. El coronel Chispas explicó que “se ha podido desbaratar esta red de tráfico de especies silvestres”, y que el trabajo se realizó mediante vigilancia en redes sociales, donde se detectó la venta ilegal de erizos, una especie exótica que no es originaria de Bolivia ni de América Latina. Durante este operativo, se rescataron diez erizos que se presume provenían de un criadero clandestino. Además, se encontraron 20 cuyes, 18 canes y tres felinos que se hallaban en condiciones inadecuadas.
El propietario del lugar donde se realizó el operativo ha quedado en prisión preventiva, mientras que otra persona permanece aprehendida en el marco de la investigación. Ambos podrían enfrentar penas de hasta ocho años de cárcel por el delito de tráfico de vida silvestre.
