Suecia, antes un refugio para inmigrantes, ahora enfrenta un cambio drástico en su política de acogida, generando tensiones y un creciente nacionalismo.
Durante muchos años, Suecia fue percibida como un país que ofrecía un refugio seguro y acogedor para inmigrantes y refugiados. Sin embargo, en el año 2024, esta percepción ha cambiado drásticamente. Actualmente, Suecia alberga a aproximadamente dos millones de inmigrantes, lo que representa alrededor del 20% de su población total. Este cambio en la política de acogida ha llevado a un enfoque que desincentiva la permanencia de inmigrantes en el país.
El surgimiento de un sentimiento nacionalista en Suecia ha generado un clima de desconfianza hacia los extranjeros. Desde la década de 1970, Suecia ha recibido a diversas comunidades de inmigrantes, incluyendo chilenos, yugoslavos, y más recientemente, a personas de Ucrania, Siria, Irak y Afganistán. Sin embargo, en contraste con épocas anteriores en las que el gobierno sueco brindaba apoyo a los inmigrantes, en la actualidad, aquellos que provienen de África y Oriente Medio son a menudo objeto de estigmatización y criminalización por parte de la sociedad.
La ministra de Migración, Maria Malmer Stenergard, anunció a principios de agosto que, por primera vez en medio siglo, más personas han abandonado Suecia que las que han ingresado. Este cambio se refleja en las cifras de solicitudes de asilo, que han alcanzado un mínimo histórico. Entre enero y mayo de 2024, las solicitudes de asilo se redujeron a un 15%, mientras que la migración de suecos ha aumentado en un 60%, según datos de la Oficina Central de Estadísticas de Suecia. En 2023, el número de inmigrantes fue de 94.514, en comparación con los 163.000 que llegaron en 2016. A partir de ese año, Suecia implementó leyes más estrictas en materia de asilo, lo que resultó en una disminución del número de inmigrantes.
La crisis humanitaria provocada por la guerra en Siria y en diversas regiones de África llevó a los socialdemócratas a modificar su enfoque en 2016, reemplazando la residencia permanente por permisos temporales para los inmigrantes. Además, se establecieron restricciones que impedían a los inmigrantes traer a sus familias a menos que tuvieran ingresos suficientes. A pesar de estas medidas, el gobierno sueco continuó promoviendo la integración, exigiendo el aprendizaje del idioma sueco, aunque condicionando las ayudas estatales a requisitos restrictivos, como la limitación en la entrega de visas.
Los centros de refugiados no lograron atender adecuadamente a los miles de inmigrantes que comenzaron a residir en barrios marginales, lo que contribuyó a la aparición de lo que se ha denominado “guerra de bandas”. En el año 2000, Suecia era considerado uno de los países más seguros de Europa, con una tasa de criminalidad baja. Sin embargo, en 2023, el gobierno sueco decidió involucrar al Ejército en las labores de prevención del crimen, especialmente en respuesta a la violencia generada por bandas de narcotraficantes en ciudades como Malmö y Uppsala.
Un incidente notable ocurrió en abril de 2017, cuando un inmigrante que iba a ser deportado atropelló a varias personas, resultando en la muerte de cuatro peatones. Este tipo de violencia ha llevado a que la inmigración sea vista como un problema en la sociedad sueca. En 2016, se registró un aumento significativo en la llegada de inmigrantes, lo que generó una percepción negativa entre amplios sectores de la población. Christian Christensen, profesor de la Universidad de Estocolmo, señaló que “vimos un gran número de personas llegando, lo que hizo pensar a un amplio grupo de la sociedad sueca que esto era un error”.
El actual gobierno, liderado por el primer ministro conservador Ulf Kristersson, apoyado por el partido nacionalista de extrema derecha Demócratas de Suecia, ha declarado que el país está “dividido” por la violencia. Este diagnóstico es compartido por el Partido Socialdemócrata Sueco (SAP), que gobernó entre 2014 y 2022. El SAP ha señalado que la ola migratoria ha provocado una creciente segregación en el país, con distritos como Rinkeby en Estocolmo y ciudades como Malmö transformándose en guetos. Estos sectores se caracterizan por la criminalidad y la radicalización religiosa, según un informe del SAP.
El informe también destaca que la segregación ha llevado a que muchos inmigrantes tengan un dominio limitado del idioma sueco, lo que a su vez refuerza sentimientos de aislamiento y falta de pertenencia. La disminución de la calidad de vida ha llevado a que algunos inmigrantes se vean atraídos hacia el crimen organizado. En el distrito de Rinkeby, es común que jóvenes sin empleo sean reclutados por bandas criminales en busca de ingresos. Magnus Gustafsson, trabajador social en el distrito, comentó que “la desigualdad es cada vez mayor, jóvenes frustrados sin otra cosa que hacer, se dedican a traficar”.
El partido Demócratas de Suecia ha impulsado una serie de medidas legislativas destinadas a restringir la llegada de personas no europeas. Con una población de 10,3 millones de habitantes, Suecia busca mitigar los efectos negativos de la inmigración, limitando las prestaciones sociales que, en su mayoría, benefician a las mujeres. Entre las nuevas medidas, se establece que quienes deseen ingresar al país deberán contar con un empleo estable y se impondrán límites a las prestaciones sociales, evitando que se acumulen múltiples subsidios.
El primer ministro Kristersson ha afirmado que “debido a una política de integración que casi no plantea exigencias ni proporciona incentivos para integrarse en la sociedad, esta forma de inmigración ha creado una Suecia dividida”, mientras se discuten nuevas estrategias para abordar la segregación, la exclusión social, el desempleo, los bajos resultados escolares y la falta de valores comunes en la sociedad sueca.
