La Subsecretaría de Transportes de Chile ha declarado desierto el proceso de licitación para el desarrollo de software e infraestructura relacionado con la implementación de la Ley Uber, tras no recibir ofertas técnicamente admisibles.
La decisión fue formalizada mediante una resolución exenta el 8 de enero, en la que se determinó que la única propuesta presentada no cumplía con los requisitos técnicos establecidos. Este proceso de licitación, autorizado en noviembre de 2025, tenía como objetivo crear un registro electrónico central de las Empresas de Aplicación de Transporte (EAT), un requisito fundamental para regular el funcionamiento de las plataformas de transporte privado de pasajeros en el país.
Durante el período de consultas, se realizaron 49 preguntas al pliego de condiciones, pero al cierre del proceso, solo se recibió una oferta de la empresa TIVIT Chile Tercerización de Procesos, Servicios y Tecnología SpA. Sin embargo, la comisión evaluadora concluyó que esta propuesta no cumplía con los estándares mínimos requeridos. Entre las deficiencias señaladas, se destacó que la empresa no acreditó la experiencia necesaria, ya que de los cinco proyectos presentados, tres fueron ejecutados por filiales en Perú y Colombia, lo que no se ajustaba a las condiciones del convenio marco.
Además, la oferta no demostró que los proyectos estuvieran basados en una arquitectura cliente-servidor o en microservicios web, ni que utilizaran servicios de Amazon Web Services (AWS), ambos requisitos obligatorios. La evaluación también reveló incumplimientos en los perfiles profesionales propuestos, como la falta de certificación “AWS Certified Developer – Associate” para el cargo de arquitecto de soluciones y la ausencia del título profesional exigido para el especialista DevOps.
La resolución se basa en el artículo 9° de la Ley N° 19.886, que regula los contratos administrativos del Estado, y ordena la publicación del resultado en Mercado Público, dejando el proceso sin adjudicatario. La falta de un proveedor tecnológico para el registro electrónico central afecta directamente la implementación de la Ley Uber, que requiere este registro para su aplicación efectiva. La Subsecretaría de Transportes deberá considerar nuevos pasos administrativos para reactivar el proceso de compra y avanzar en la implementación del sistema.
