Durante la jornada del viernes 12 de septiembre, se informó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha interpuesto una querella contra el diputado Joaquín Lavín León, quien es exmilitante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), por presuntos delitos tributarios que, según el organismo, habrían ocasionado un perjuicio fiscal de $10 millones.
La acción legal fue presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y, según el documento mencionado por Canal 24 Horas, también incluye a otras tres personas como querelladas: Juan Silva Morales, Arnoldo Domínguez y Felipe Vásquez.
De acuerdo con la querella, se alega que se emitieron un total de 34 facturas falsas entre junio de 2017 y noviembre de 2022, las cuales fueron generadas por dos imprentas representadas por Juan Silva Morales. Estas facturas fueron supuestamente entregadas a Joaquín Lavín Jr. a través de la mediación de Arnoldo Domínguez, quien se encargaba de especificar la cantidad de facturas a emitir, así como su fecha, glosa y monto.
La querella del SII indica que estos documentos fueron utilizados por Joaquín José Lavín León para justificar supuestos gastos de campaña o de asignación parlamentaria, los cuales posteriormente fueron reembolsados por el Servicio Electoral (Servel) y/o el Congreso Nacional, según correspondiera.
Además, se menciona que el diputado habría realizado una serie de “declaraciones maliciosamente incompletas o falsas” con el fin de pagar un impuesto menor al que realmente le correspondía ante el SII, todo esto en el periodo comprendido entre los años 2018 y 2024.
La querella señala que, a raíz de estas maniobras, se generó un perjuicio fiscal que, actualizado a julio de 2025, asciende a $10.149.465.
Esta acción judicial se suma a la querella presentada en mayo por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que también se centró en el delito de malversación de caudales públicos, lo que llevó a solicitar el desafuero del parlamentario ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
En este contexto, la fiscalía ha afirmado que el parlamentario habría defraudado al fisco por un monto que supera los $100 millones.
