Las Comisiones unidas de la Mujer y Equidad de Género y de Familia, Infancia y Adolescencia del Senado de Chile han aprobado un proyecto de ley que busca prohibir el porte y tenencia de armas de fuego a personas denunciadas o condenadas por violencia intrafamiliar. La iniciativa, que fue perfeccionada por la instancia especializada y ahora debe ser revisada por la Sala del Senado, fue sancionada por unanimidad.
El proyecto originalmente hacía referencia a las personas “procesadas” por violencia intrafamiliar, pero tras una solicitud del senador Matías Walker, se acordó modificar el término a “denunciadas”. Esta modificación se realizó para alinearse con el contenido del texto y los términos actuales del proceso penal acusatorio.
La norma, que se encuentra en su segundo trámite legislativo, tiene como objetivo fortalecer la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar. Establece un marco normativo más estricto en relación con la tenencia, porte, uso, adquisición y almacenamiento de armas de fuego, municiones y cartuchos por parte de personas denunciadas, formalizadas, condenadas o que estén sujetas a una suspensión del procedimiento por violencia intrafamiliar.
Durante la discusión del proyecto, se acordó que en situaciones de riesgo inminente de maltrato, el juez podrá aplicar de manera preventiva la medida cautelar de prohibición de porte y tenencia de armas, así como la incautación de las mismas. La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, aclaró que las armas institucionales serán custodiadas por la respectiva institución.
Además, se estableció que si el ofensor tiene autorización para la tenencia o porte de un arma, el tribunal deberá dictar la medida cautelar correspondiente, especialmente si el arma está inscrita en un bien raíz compartido con la víctima o si ha sido utilizada para intimidarla o agredirla. En caso de que se detecte que el ofensor posee armas no inscritas, el tribunal deberá remitir los antecedentes al Ministerio Público de manera expedita.
La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, subrayó que las enmiendas buscan garantizar que el tribunal actúe de inmediato para prohibir el porte y tenencia de armas cuando se identifique que la persona denunciada tiene acceso a ellas.
Este avance legislativo se enmarca dentro de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (21.675), que busca actualizar las medidas cautelares para armonizar la legislación y reducir el riesgo vital de las víctimas.
