El Senado de Chile aprobó en enero de 2024, en su segundo trámite constitucional, un proyecto de ley que busca modificar diversas normativas relacionadas con la transparencia y la fiscalización de las municipalidades y organizaciones comunitarias. Esta iniciativa, que se encuentra en proceso de tramitación, establece nuevas obligaciones para los municipios y sus corporaciones, con el objetivo de fortalecer la probidad y la transparencia en la gestión pública.
El proyecto, que surgió de dos mociones refundidas, es impulsado por el diputado Tomás Hirsch y cuenta con el respaldo de varias diputadas y diputados, entre ellos Karol Cariola, Claudia Mix y Gonzalo Winter. La propuesta tiene como finalidad permitir que la Contraloría General de la República supervise la gestión de las municipalidades, así como de las corporaciones y fundaciones que reciban fondos públicos.
Durante la discusión en la Comisión, el Ejecutivo destacó que esta iniciativa forma parte de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, que busca reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público. Se enfatizó que los municipios son la principal puerta de entrada de la ciudadanía al Estado, lo que hace crucial elevar los estándares de transparencia a nivel local.
Entre las principales modificaciones que introduce el proyecto se encuentra la obligación de que cada municipio desarrolle un plan de integridad, que deberá incluir un manual de prevención de delitos, una matriz de riesgos, políticas de integridad pública y un canal de denuncias. Este plan tendrá una duración máxima de cuatro años y deberá ser evaluado periódicamente. Además, se establece que el alcalde, con el acuerdo del concejo municipal, designará a un funcionario encargado de implementar dicho plan, quien deberá rendir cuentas cada seis meses.
El proyecto también refuerza la unidad de control interno de los municipios, asignándole la tarea de realizar auditorías operativas y de fiscalizar el cumplimiento del plan de integridad. Asimismo, se prohíbe que los alcaldes nombren a familiares cercanos en cargos de confianza, y se endurecen las reglas sobre conflictos de interés, exigiendo a los concejales justificar su abstención o inhabilidad en ciertos casos.
En cuanto a la participación ciudadana, se permite que las audiencias ante el concejo se realicen de manera electrónica si así lo solicitan los interesados. También se establece que las corporaciones y fundaciones municipales deberán contar con un modelo de prevención de delitos y rendir informes trimestrales sobre su gestión.
El proyecto de ley, que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y otras normativas relacionadas, continúa su tramitación en el Senado, donde se espera su aprobación definitiva. Las municipalidades tendrán un plazo de 180 días desde la publicación de la ley para presentar su primer plan de integridad, con la posibilidad de recibir asesoría técnica del gobierno.
