Un nuevo proyecto de ley busca facilitar la creación de establecimientos educacionales en Chile, tras su aprobación en el Senado y su envío a la Cámara de Diputadas y Diputados para su segundo trámite constitucional.
La iniciativa, impulsada por las senadoras Carmen Gloria Aravena y Paulina Núñez, junto a los senadores José García, Gustavo Sanhueza y Matías Walker, propone modificaciones a varios cuerpos legales con el objetivo de simplificar la creación de nuevos centros educativos. Entre los cambios más destacados se encuentran ajustes a las normativas sobre la tenencia de inmuebles donde operan los establecimientos subvencionados, así como la regulación de contratos de arrendamiento y comodato.
El proyecto establece que los contratos de arrendamiento deberán tener una duración mínima de ocho años, con renovación automática, y se especifican los requisitos formales para su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. Además, se limita el canon de arriendo a un máximo del 11% del avalúo fiscal anual del inmueble, aunque se permite un monto superior bajo ciertas condiciones de mercado.
En cuanto a la planificación educativa, se introduce la obligación para el Ministerio de Educación de publicar anualmente información sobre la demanda escolar y su proyección territorial. Esto permitirá la creación de nuevos cursos y niveles en áreas con demanda insatisfecha. También se regulan procedimientos especiales para la solicitud de subvenciones en ausencia de dicha proyección, especialmente para sostenedores con un historial de desempeño alto o medio.
Durante su tramitación en el Senado, el proyecto fue revisado por las Comisiones de Educación y Hacienda, donde se discutieron temas como la subvención educacional y la planificación territorial. Se abordaron también aspectos relacionados con proyectos escolares alternativos y la regulación de aulas hospitalarias y escuelas cárceles.
El texto aprobado modifica el DFL N° 2 de 1998, que regula la subvención estatal a los establecimientos educacionales, permitiendo que los sostenedores acrediten dominio del inmueble o un título de mera tenencia. Además, se establece que los gastos por mejoras necesarias serán responsabilidad del propietario, y si son pagados por el sostenedor, se descontarán del arriendo.
El proyecto también contempla la posibilidad de gravar los inmuebles con hipoteca para su adquisición, con un plazo máximo de veinticinco años para mantener la subvención. Asimismo, se ordena al Ministerio de Educación a habilitar convocatorias para la creación de nuevos cursos en zonas con demanda insatisfecha y se permite solicitar subvención sin convocatoria previa en ciertos casos.
Las modificaciones incluyen también la regulación del cambio de financiamiento de establecimientos particulares a subvencionados gratuitos y la creación de nuevos niveles educativos con el respaldo de apoderados. En situaciones de falta de oferta educativa, se faculta a las Secretarías Regionales Ministeriales a aplicar normas de la ley N° 21.052 y a autorizar el funcionamiento en doble jornada.
El proyecto, que introduce cambios significativos a la ley N° 20.845, establece un límite hasta el 30 de junio de 2036 para la aplicación de ciertas disposiciones transitorias y modifica plazos en la ley N° 21.526, extendiendo ciertos plazos hasta 2036.
Actualmente, el proyecto se encuentra en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde continuará su tramitación como Cámara Revisora.
