Desde la oposición, la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ha instado al Senado a reanudar la discusión y a incluir en la agenda el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino a Chile. Esta solicitud fue formalizada a través de una carta dirigida a la presidenta de la comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, Paulina Vodanovic del Partido Socialista (PS).
En este contexto, los parlamentarios recordaron que la iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados en enero de 2024 y responde a la crisis migratoria que afecta a la zona norte del país. En la misiva, advirtieron que “este fenómeno ha producido consecuencias perniciosas entre las que debe citarse la permeabilidad de la frontera norte de nuestro territorio y, a raíz de ello, el ingreso de personas con registros delictivos en sus países de origen, quienes integran asociaciones criminales transnacionales y desarrollan actividades punibles en Chile“.
Los parlamentarios señalaron que el ingreso clandestino ha facilitado la presencia en Chile de bandas como El Tren de Aragua, Los Gallegos o El Cartel de Cali, todas reconocidas internacionalmente y con participación comprobada en crímenes en el país.
En un movimiento paralelo, los diputados han presentado una reforma constitucional que busca obligar al gobierno a obtener la autorización del Congreso para cualquier proceso de regularización extraordinaria de extranjeros irregulares. En este sentido, los legisladores enfatizaron que “decisiones de esta magnitud no pueden quedar al arbitrio del Ejecutivo y que el Parlamento, como órgano representativo, debe participar directamente en dichas definiciones”.
La propuesta de reforma establece que se modificará el artículo 53 de la Constitución, intercalando un nuevo numeral 10, que otorga al Senado la atribución de aprobar o rechazar, en una sesión especialmente convocada, cualquier proceso de regularización masiva.
Las claves del proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 53 de la Constitución son las siguientes:
- Incorpora un nuevo numeral 10 que establece que el Senado debe otorgar su acuerdo, en sesión especialmente convocada, para iniciar cualquier proceso de regularización extraordinaria de migrantes irregulares.
- Impide que el Ejecutivo lo decida unilateralmente.
- Refuerza el rol del Parlamento en decisiones de alto impacto nacional.
- Evita el “efecto llamada” y entrega una señal clara de orden y seguridad en la política migratoria.
Finalmente, los parlamentarios de la bancada de Renovación Nacional hicieron un llamado al Senado para avanzar con urgencia en iniciativas legislativas que busquen combatir la irregularidad migratoria, ya que aseguran que “se trata de medidas necesarias para recuperar el control migratorio, garantizar la seguridad pública y responder a una de las principales preocupaciones de los chilenos”.
