La Reforma Procesal Penal en Chile, implementada a partir de los años 2000, buscaba modernizar el sistema judicial mediante la creación de nuevas instituciones y auxiliares de la justicia. Esta reforma tenía como objetivo principal mejorar la calidad de los procedimientos judiciales, con el desafío de lograr una justicia oportuna y ejecutiva.
Sin embargo, tras más de dos décadas de su implementación, se han observado tanto avances como carencias en el sistema. A pesar de algunos resultados positivos, las deficiencias se han hecho evidentes, especialmente en los últimos años. Uno de los problemas más destacados es la lentitud de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, así como la duración excesiva de los juicios, que en ocasiones pueden extenderse por años sin llegar a una resolución.
Esta situación ha generado preocupación en el ámbito penal y académico, ya que los retrasos en la administración de justicia pueden afectar los derechos y garantías de las víctimas y de los imputados. El exfiscal Ricardo Freire ha señalado los riesgos que conlleva un sistema penal que no logra impartir justicia de manera oportuna, lo que también repercute en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones judiciales.
Por otro lado, el exabogado litigante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Rodrigo Reyes, ha destacado la necesidad de reformar y actualizar el proceso de inclusión de pruebas documentales en los juicios, ya que este aspecto actualmente consume una gran parte del tiempo del proceso judicial.
Además, es importante mencionar que el Poder Judicial ha enfrentado un recorte presupuestario de más de 17 mil millones de pesos, lo que ha sido rechazado de manera unánime por los gremios vinculados al sistema judicial. Estos gremios han solicitado a las autoridades que reviertan esta medida, advirtiendo sobre las graves consecuencias que podría acarrear en un sistema que ya se encuentra en crisis.
