La incautación de fentanilo chileno en Osorno ha desatado un intenso debate sobre el narcotráfico en la región, tras un operativo que resultó en la detención de siete personas y la alarmante revelación de que un bebé de un año tenía droga en su organismo.
El operativo fue llevado a cabo por la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Osorno, en colaboración con la Fiscalía Local, como parte de una investigación que se inició en febrero de 2026. Esta investigación se centró en una banda transnacional dedicada al tráfico de drogas en un campamento de Rahue Alto. Durante el procedimiento, se identificaron focos de operación en el campamento Folilche y en la población Quinto Centenario, donde se realizaban actividades de almacenamiento y venta de drogas.
El prefecto de la PDI en Osorno, Paulo Moncada, destacó que la detección de esta sustancia es el resultado de un “trabajo sostenido de equipos especializados en la persecución del narcotráfico“. Además de las detenciones, se realizaron diversas incautaciones durante los allanamientos, en un esfuerzo por desarticular estas redes criminales.
El alcalde de Osorno, Jaime Bertin, reconoció la gravedad del problema del narcotráfico en la comuna, aunque también valoró el trabajo de las fuerzas policiales y la fiscalía. Bertin subrayó la importancia de recuperar los espacios públicos para la comunidad y evitar que sean ocupados por la delincuencia, señalando que el impacto del narcotráfico se manifiesta no solo en delitos graves, sino también en incivilidades que afectan la convivencia diaria.
El operativo ha generado reacciones en el ámbito político. La diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, afirmó que el narcotráfico se ha arraigado en la comuna debido a la inmigración irregular. En contraste, el diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, criticó la gestión del Gobierno en materia de seguridad, acusando incumplimientos en las acciones prometidas para combatir el crimen organizado. Barría instó a implementar medidas urgentes para enfrentar el avance del narcotráfico en la región.
El delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Rebhein, valoró los resultados de la investigación y advirtió que las bandas criminales suelen establecerse en sectores vulnerables, aprovechando las condiciones sociales de esos territorios. A pesar de las diferencias políticas, hay un consenso en la necesidad de una respuesta institucional coordinada y en la importancia de reforzar el uso de herramientas como la denuncia anónima al 4242, habilitada para reportar información sobre tráfico de drogas.
En la audiencia de formalización posterior al operativo, el tribunal decretó prisión preventiva para los siete imputados, considerando la gravedad de los hechos y el peligro que representan para la seguridad de la sociedad. Se estableció un plazo de 180 días para el desarrollo de la investigación.
