Argentina mantiene su reclamo ante Rusia por filtraciones de audios en la Casa Rosada y acusaciones de espionaje.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció una red de agentes rusos —en asociación con otros de origen venezolano, además de políticos kirchneristas y varios periodistas argentinos— por la filtración de audios grabados en la Casa Rosada, entre los que figura Karina Milei, alias “El Jefe”, quien se desempeña como secretaria general de la Presidencia y es la cabeza del oficialismo.
Posteriores gestos oficiales indicaron que, tras la denuncia del gobierno de Javier Milei, la Cancillería de Rusia citó esta semana al embajador argentino en Moscú, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, por la acusación de inteligencia rusa “ilegal” sin aportar pruebas. “El Ministerio de Exteriores rechaza firmemente las acusaciones, que consideramos infundadas y sin pruebas”, expresó el comunicado oficial del gobierno de Putin, divulgado por el medio de propaganda RT.
Desde Rusia recordaron la vigencia del Tratado de asistencia legal recíproca en materia penal firmado con Argentina, que fija un procedimiento formal para el trabajo conjunto en temas sensibles. Según el Kremlin, las palabras de Bullrich “no ayudan a mantener relaciones constructivas de amistad que existen entre ambas naciones”. El mensaje incluyó un reclamo directo: “Rusia exige recibir una explicación detallada” de las “inaceptables declaraciones” de la ministra argentina “lo antes posible”.
Algo similar ocurrió meses atrás, a mediados de junio, cuando la administración de Javier Milei, aliado de Donald Trump y enemiga declarada de Putin, señaló la presencia de espías rusos en Argentina bajo el ala de “La Compañía”, vinculada al “Proyecto Lakhta” del oligarca ruso Yevgeniy Prigozhin, fallecido en 2023.
En esa ocasión, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), tras una investigación, detectó la existencia de una entidad conformada por ciudadanos rusos que operaría “en estrecha colaboración con ciudadanos argentinos”. Como reacción, la embajada rusa en Buenos Aires desmintió categóricamente las acusaciones, al igual que ahora vuelve a ocurrir con la denuncia de los audios filtrados.
La denuncia de Bullrich: una red de rusos, venezolanos, kirchneristas y periodistas en contra de Milei
En una entrevista con Radio Rivadavia, la titular de la cartera sostuvo que su gobierno denunció a “personas ligadas a exservicios de inteligencia rusos” por la filtración de audios de Karina Milei, grabados en la sede del Poder Ejecutivo en Buenos Aires.
“Denunciamos a personas ligadas a servicios de inteligencia rusos”, afirmó Bullrich. La grabación en la Casa Rosada fue descrita por la ministra como una “impresionante maniobra de inteligencia” que busca desestabilizar al Gobierno.
Si bien en ese material la hermana de Javier Milei se refería al armado de La Libertad Avanza, las graves grabaciones son aquellas atribuidas al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien afirmó que Karina y su asesor “Lule” Menem cobran sobornos de entre el 3% y el 8% a empresas farmacéuticas privadas a cambio de contratos millonarios. El supuesto entramado de corrupción aún mantiene en vilo a la sociedad argentina, sin aún argumentos explícitos por parte del Presidente para desmentirlo.
Bullrich enmarcó la denuncia contra Rusia en el artículo 43 de la Ley N° 25.520, que tipifica el delito de espionaje ilegal. “La ley prohíbe a los organismos de inteligencia influir de cualquier modo en la situación institucional, política o en la opinión pública”, fundamentó. En su presentación, la ministra vinculó el caso a operaciones de desinformación detectadas en otros países como Rumania, Polonia y Francia, con foco en procesos electorales. También mencionó denuncias previas contra “redes de espías rusos” en Argentina.
En referencia al medio Carnaval Stream, la denuncia apuntó al conductor televisivo Jorge Rial, señalado como divulgador de los audios, y a Franco Bindi, abogado con supuestos nexos con agentes de inteligencia y sospechado de participar en el “Operativo Puf”, que investigaba una serie de escuchas a exfuncionarios kirchneristas durante su encarcelamiento por corrupción. Según el escrito oficial, detrás de esta maniobra estaría un grupo encabezado por los rusos Lev Konstantinovich Andriashvili y su esposa Irina Iakovenko, que actuarían en Argentina con cuatro objetivos: influir en ONG y fundaciones, organizar focus groups, recolectar información política sensible y difundir contenidos en redes sociales. Justamente, son los mismos mencionados en la anterior denuncia que señaló a “La Compañía” por supuesto espionaje ilegal en Argentina a favor de Putin.
