La Contraloría General de la República ha identificado irregularidades en los pagos realizados a Pablo Amaro Valenzuela, actual seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Maule, durante su anterior gestión en la Municipalidad de Villa Alegre.
Según el informe del ente fiscalizador, se detectaron desembolsos que suman $13.424.000 entre enero y agosto de 2024, relacionados con el Programa de la Juventud, los cuales carecen de los respaldos necesarios que demuestren la ejecución efectiva de las actividades comprometidas. Además, se encontró un segundo contrato por $17.024.520, destinado a servicios profesionales en gestión comunicacional, que abarca el periodo de enero a octubre del mismo año. En este caso, la Contraloría observó que los informes mensuales eran genéricos, no se presentaron reportes en abril y no se verificaron las actividades correspondientes a mayo, lo que genera dudas sobre la correcta prestación de los servicios.
Ante estos hallazgos, la Contraloría ha instruido a la Municipalidad de Villa Alegre a llevar a cabo una revisión exhaustiva para determinar las funciones que realmente se ejecutaron. En el informe se establece que “corresponderá determinar las tareas realizadas y, respecto de las no ejecutadas, iniciar acciones para obtener la restitución de los fondos”.
A pesar de que desde el municipio se indicó que la situación fue subsanada con la entrega posterior de antecedentes, la Contraloría ha ordenado la apertura de un sumario interno para establecer posibles responsabilidades administrativas. Este caso se inscribe en un contexto más amplio de denuncias previas realizadas por autoridades locales, incluyendo a la concejala María Ignacia González y los diputados Francisco Pulgar y Consuelo Veloso, quienes han solicitado investigar diversas anomalías en la gestión del alcalde Pablo Fuentes Vallejos.
Entre los cuestionamientos más destacados se encuentran el uso excesivo de tratos directos, que alcanzaron el 75% de las adquisiciones entre 2021 y 2023, así como posibles sobreprecios en compras, retrasos en proyectos y pagos de honorarios que no estarían justificados. Cabe recordar que en septiembre de 2024, la Contraloría ya había instruido al municipio a abstenerse de contratar personal a honorarios para funciones permanentes, con el fin de reforzar el control sobre el uso de recursos públicos.
