Óscar Crisóstomo, gobernador de Ñuble, enfrenta un posible desafuero por corrupción entre privados. La investigación se originó en 2021 y sigue en curso.
Menos de dos meses restan para la elección del 27 de octubre, en la que se elegirán, entre otros cargos, a los Gobernadores Regionales por segunda vez en la historia del país. En este contexto, el actual gobernador de Ñuble y candidato a la reelección, Óscar Crisóstomo, enfrenta una situación complicada. El 26 de agosto, la fiscalía regional presentó una solicitud para desaforarlo, lo que permitiría la imputación de cargos en un posible proceso de formalización.
Gabriel Hernández, secretario de la Corte de Apelaciones de Chillán, informó que se llevará a cabo una audiencia especial en la que el tribunal pleno escuchará al Ministerio Público, solicitante de la medida, y a los representantes del gobernador regional. Posteriormente, el tribunal decidirá si acepta o no la solicitud de desafuero. La Fiscalía, en un breve comunicado, indicó que la solicitud se enmarca en una investigación penal de carácter reservado, por lo que no se proporcionarán más detalles sobre la imputación que se le atribuye a Crisóstomo.
En una conversación con Mega Investiga, el abogado defensor de Crisóstomo, Enrique Aldunate, aclaró que la imputación no se relaciona con un cohecho tradicional, como se había especulado. Aldunate explicó que “el Ministerio Público le hace una imputación para pedir su desafuero y esta consiste básicamente en un delito previsto en el Código Penal que se denomina ‘corrupción entre privados'”. Aclaró que, aunque en ciertos contextos se mencione el término ‘cohecho’, se trata de un delito que afecta a relaciones entre particulares y no está vinculado al ejercicio de la función pública.
La investigación que involucra al gobernador Crisóstomo se originó a partir de una querella presentada en 2021 por el abogado Juan Francisco Maibee en el Juzgado de Garantía de Chillán. Maibee destacó que “hay una investigación de larga data, ya se van a cumplir tres años de un proceso investigativo que debería tener resultados positivos por parte del Ministerio Público”. Los hechos mencionados en la querella se refieren a acciones realizadas por Crisóstomo en su rol como delegado provincial del Serviu de Ñuble, así como a los negocios que llevó a cabo posteriormente a su salida en su empresa “Inmobiliaria Pullay Limitada”.
En 2022, Mega Investiga presentó un reportaje titulado “Gobernador en la mira”, en el que se entrevistó a familias que habían recibido subsidios habitacionales y que estaban trabajando con Pullay para obtener sus viviendas, un proceso que no se concretó. En esa ocasión, Crisóstomo acusó al Serviu de “negligencia” por no haber entregado las viviendas a las familias de manera más rápida, argumentando que había dejado la empresa más de un año antes. Su abogado, Aldunate, añadió que el proceso de soluciones habitacionales se vio afectado por la querella presentada por las familias.
La empresa de Crisóstomo actuaba como intermediaria entre las familias y las inmobiliarias para facilitar la materialización de proyectos habitacionales. Según Juan Pablo González, abogado patrocinante de la querella, “mediante contratos certificados ante notaría, vendían este grupo de personas a constructoras, y estas eran las encargadas de ingresar las carpetas”. Crisóstomo, a través de un comunicado, afirmó que “la causa tiene su origen en cuestionar acciones realizadas en ejercicio libre de mi profesión”. Sin embargo, González argumentó que el ejercicio profesional de Crisóstomo estaba viciado, ya que contaba con información privilegiada y conexiones dentro del Serviu tras dejar su cargo.
La querella presentada en 2021 también incluye acusaciones de que Crisóstomo habría otorgado subsidios habitacionales de manera indebida a familiares que no cumplían con los requisitos para recibir dichos beneficios. Estas acciones se habrían llevado a cabo durante su tiempo como Delegado del Serviu en Ñuble, cargo que ocupó desde junio de 2014 hasta mayo de 2018. La denuncia señala que se le adjudicaron subsidios a su padre, hermano y tía materna, quienes no contaban con el registro social de hogares necesario. Aldunate, abogado del gobernador, afirmó que “eso se puede descartar por el solo hecho que el Ministerio Público no está alegando esos hechos como fundamento del desafuero”.
Crisóstomo constituyó formalmente la empresa “Inmobiliaria Pullay Limitada” junto a su esposa menos de un año después de dejar el Serviu, con el objetivo de “desarrollar proyectos habitacionales de habitabilidad y/o técnico, así como la prestación de servicios de asistencia técnica, jurídica y social, requeridas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo”. Sin embargo, una demanda laboral de un exfuncionario de Pullay sostiene que los negocios con proyectos habitacionales comenzaron antes de la creación formal de la empresa.
Además, Crisóstomo enfrenta otra acusación relacionada con un convenio firmado entre su administración y la fundación Procultura, que superó los $268 millones. Este convenio tenía como objetivo “generar diálogos y avances en beneficio del desarrollo cultural, turístico, seguridad y de otras áreas anexas, entre la región de Ñuble y las provincias de Argentina”. La Contraloría realizó observaciones severas sobre el trabajo de Procultura, señalando que la fundación actuó como intermediaria entre empresas privadas y el GORE, además de subcontratar a otra organización para la realización del evento relacionado con el convenio. Posteriormente, dos consejeros regionales presentaron una querella que imputa delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, tráfico de influencias, apropiación indebida y delitos tributarios, entre otros, contra Crisóstomo y otros funcionarios involucrados.
