El bloque opositor chileno ha expresado su rechazo a la megarreforma económica que el presidente José Antonio Kast anunció en cadena nacional, argumentando que favorece a los sectores más ricos del país y deja desprotegida a la clase media. En una reunión celebrada el jueves, los secretarios generales de los partidos de oposición coordinaron su respuesta ante el proyecto de ley, conocido como Plan de Reconstrucción Nacional o ley miscelánea, que se espera sea presentado en el Congreso la próxima semana.
Uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa es la propuesta de reducir el impuesto corporativo del 27% al 23%, lo que ha sido interpretado por la oposición como un beneficio directo para el 1% más acaudalado de la población. Arturo Barrios, secretario general del Partido Socialista, criticó que “el presidente Kast ha tomado una decisión, que es gobernar para el más 1% más rico de este país, y dejar en el desamparo, y sin ninguna protección al 99% de los chilenos”.
Además, Andrés Couble, secretario general del Frente Amplio, subrayó que el proyecto no ofrece apoyo a la clase media ni a los sectores más vulnerables, quienes están enfrentando el aumento del costo de la vida y de los combustibles. Por su parte, Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, calificó la reforma como “la más regresiva de las últimas décadas” y llamó a la unidad de la oposición para defender a las familias trabajadoras.
José Toro, del Partido por la Democracia (PPD), también criticó la falta de apertura del gobierno a las propuestas de la oposición, advirtiendo que “no es la manera en que se construye democracia”. La oposición ha decidido convocar a economistas para discutir el impacto de la reforma y buscar alternativas que beneficien a la clase media y a los más vulnerables.
El anuncio del presidente Kast ha generado un amplio debate en el país, donde la política se encuentra marcada por divisiones y la búsqueda de nuevos liderazgos. La minuta técnica elaborada por el gobierno, que detalla los plazos y requisitos para acceder a las tasas preferenciales, ha revelado restricciones a la gratuidad universitaria que no fueron mencionadas en el discurso presidencial, lo que ha aumentado las críticas hacia la iniciativa.
