La reciente detención de Nicolás Maduro ha reavivado un debate crucial sobre la extensión de la jurisdicción penal de los Estados más allá de sus fronteras, planteando interrogantes sobre la seguridad y el orden internacional.
La captura de Maduro, presidente de Venezuela, ha suscitado comparaciones con la detención de Manuel Noriega en 1989, cuando fuerzas estadounidenses lo arrestaron y lo llevaron a juicio en Estados Unidos. A pesar de las diferencias contextuales, ambos casos reflejan una tendencia hacia la subordinación del principio de soberanía estatal a una interpretación más amplia de la jurisdicción penal.
El derecho internacional tradicional se basa en el principio de soberanía, establecido en la Carta de las Naciones Unidas y respaldado por la Corte Internacional de Justicia. Este principio sostiene que un Estado no puede ejercer autoridad en el territorio de otro sin su consentimiento. Sin embargo, desde finales del siglo XX, este principio ha sido desafiado por el crecimiento de jurisdicciones penales extraterritoriales, especialmente en relación con el narcotráfico, el terrorismo y las violaciones de derechos humanos. La captura de Noriega marcó un hito al ser el primer ex líder estatal arrestado mediante una operación militar extranjera para ser juzgado como un delincuente común.
Un aspecto crítico de este debate es el uso de información de inteligencia para justificar acciones de captura y enjuiciamiento. En el caso de Noriega, las acusaciones se basaron en investigaciones de agencias estadounidenses, combinando inteligencia con cargos penales. Este enfoque parece repetirse en el caso de Maduro, donde la seguridad internacional se invoca como justificación para la acción.
El problema no se limita a la persecución de delitos graves, sino que también involucra la falta de transparencia en los mecanismos probatorios y la ausencia de garantías de debido proceso. Cuando la inteligencia se convierte en la base de la acción judicial, se corre el riesgo de que la fuerza prevalezca sobre el derecho, lo que plantea serias preocupaciones sobre la justicia internacional.
La comparación entre Maduro y Noriega plantea la pregunta de si estamos ante un avance hacia una justicia penal internacional imparcial o si se trata de un ejercicio selectivo del poder por parte de Estados con la capacidad de imponer su voluntad. La creación de tribunales internacionales y el fortalecimiento de la Corte Penal Internacional buscaban evitar que la persecución de crímenes internacionales dependiera de la decisión unilateral de un Estado. Sin embargo, cuando las detenciones se realizan al margen de estos mecanismos, se envía un mensaje confuso sobre la legalidad internacional.
La similitud entre la detención de Maduro y el caso de Noriega debe ser analizada desde la perspectiva del orden jurídico internacional, sin dejarse influir por simpatías o rechazos políticos hacia los involucrados. Si el derecho internacional se aplica de manera selectiva, su fuerza normativa se ve comprometida, convirtiéndose en un instrumento de dominación.
Para países como Chile, que han defendido históricamente el multilateralismo y el respeto al derecho internacional, este debate es relevante. La erosión de la soberanía y del debido proceso a nivel internacional puede debilitar las garantías jurídicas que los Estados exigen para sí mismos. El desafío radica en fortalecer una justicia internacional verdaderamente institucional o en consolidar un sistema donde la fuerza redefine los límites del derecho.
María Soledad Torres Macchiavello, abogada especializada en derecho migratorio y gobernanza jurídica, con más de tres décadas de experiencia, actualmente se dedica al análisis de la aplicación de la Ley N° 21.325 y a la política migratoria comparada.
