Las autoridades estadounidenses han reafirmado que todos los procesados en el país tienen derecho a un abogado público gratuito, en medio de la controversia que rodea al ex presidente venezolano Nicolás Maduro. Este último ha solicitado que el Estado venezolano asuma los costos de su defensa legal, una demanda que ha sido confirmada por su abogado, Barry J. Pollack.
Pollack argumenta que el bloqueo de fondos impuesto por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha dejado a Maduro sin acceso a recursos financieros, lo que, según él, interfiere con el derecho de su cliente a elegir a su abogado. En una declaración jurada, Maduro expresó su deseo de que Pollack continúe representándolo, afirmando que “no puede costear su defensa legal por sí mismo”. Tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, han indicado que presentarán pruebas de su situación financiera si es necesario.
El abogado Pollack ha señalado que la legislación venezolana otorga a Maduro y Flores derechos sobre el pago de sus honorarios legales. Según el documento presentado, la revocación de los fondos por parte de la OFAC y la negativa a restablecerlos obstaculizan su derecho a contratar al abogado de su elección, ya que sin la capacidad de acceder a esos fondos, no pueden financiar su defensa.
La audiencia en la que Pollack expondrá sus argumentos ante el juez Alvin Hellerstein está programada para el 26 de marzo. Este caso ha atraído la atención internacional, dado el contexto político y económico de Venezuela y las implicaciones legales que podría tener para Maduro y su familia.
