La diputada Natalia Romero ha intensificado sus gestiones para que el Gobierno avance en la incorporación del monitoreo continuo de glucosa (MCG) para pacientes con diabetes tipo 1 en la canasta GES. Esto, tras la reciente exposición de una agrupación de pacientes en la Comisión de Salud del Senado, donde hoy la solicitud está en revisión.
La parlamentaria destacó que, a pesar de los esfuerzos legislativos y los reiterados llamados al Gobierno para atender esta urgente demanda, aún no hay avances concretos en la materia.
“Seguiremos insistiendo al Ejecutivo la inclusión de tecnologías como el sistema Freestyle Libre en la cobertura de salud para personas con diabetes tipo 1. Los pacientes continúan esperando una respuesta concreta que permita un acceso equitativo y financiado”, expresó la legisladora.
La diputada Romero además subrayó los argumentos expuestos por la agrupación de pacientes, quienes recalcaron la necesidad urgente de esta medida. “Las cifras son claras: más de 17 mil personas con diabetes tipo 1 deben costear de su propio bolsillo el monitoreo continuo de glucosa. Esto no es solo una cuestión de equidad, sino de salud pública. La evidencia científica es contundente en cuanto a los beneficios de este monitoreo para un control adecuado de la diabetes”, agregó.
“Es inaceptable que, después de tantas solicitudes, aún no tengamos una respuesta clara ni un plan de acción concreto por parte del Ministerio”, enfatizó la congresista.
La importancia de que el monitoreo continuo de glucosa llegue a la canasta GES
Al respecto, la directora de la Agrupación Social Diabetes Tipo 1, Noelia Pozo, comentó que “desde que el ministro Marcel accedió a realizar el catastro de personas con diabetes tipo 1 y estudiar su posible incorporación a las canastas, han pasado 2 años”.
“Una persona con diabetes, en el mejor escenario ha usado 2 sensores por mes y ha debido gastar $2.875.152, el equivalente a 42 canastas básicas de alimentos. El costo mensual equivale a casi un 24% del sueldo mínimo. Si no tenemos respuesta positiva y debemos esperar otros 3 años, tendremos que sumar un gasto de $4.312.728”, detalló.
Frente a esta compleja realidad, la diputada reiteró su compromiso de seguir trabajando junto a las agrupaciones de pacientes y los parlamentarios para que esta medida sea finalmente una realidad en la Ley GES, asegurando que el acceso a esta tecnología vital no sea un privilegio, sino un derecho para todos los pacientes que lo necesiten.
