A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se pronunció sobre una investigación periodística que reveló que una de las personas mencionadas en el Informe Rettig, específicamente Bernarda Vera, podría estar viva y residiendo en Argentina. Este caso fue abordado en un reportaje de Chilevisión y el sitio Reportea, donde se destacó que Vera figura en la lista oficial de detenidos desaparecidos durante el régimen del dictador Augusto Pinochet. Desde el gobierno se indicó que este caso representa una “excepción”.
El comunicado del Ministerio señala que “el caso ha sido objeto de una larga y rigurosa investigación administrativa por parte del Programa de Derechos Humanos, en su calidad de órgano ejecutor del Plan Nacional de Búsqueda, desde inicios del año 2024”. Esta investigación se inició debido a la elaboración de trayectorias de víctimas del denominado “episodio Liquiñe”, donde se detectaron incongruencias en algunos testimonios.
Las autoridades informaron que, ante estas incongruencias, se enviaron comunicaciones oficiales a diversas instituciones, incluyendo PDI, Servicio de Registro Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores y ACNUR, entre el 6 de mayo de 2024 y el 9 de agosto de 2024, con el fin de recabar antecedentes. Sin embargo, ninguna de estas instituciones proporcionó información relacionada con la víctima.
En abril de 2025, el Ministerio solicitó nuevamente información a la Cancillería. En mayo de ese mismo año, se recibió por primera vez información documental concreta sobre el caso, la cual fue “aportada por el Estado sueco”.
El comunicado aclara que, aunque la información recibida no es concluyente para establecer la identidad de la persona mencionada como “Bernarda Vera” con la víctima reconocida por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, debido a la falta de trazabilidad documental o datos biométricos, el peso de esta nueva información llevó a las autoridades a remitir los antecedentes al Sr. Ministro en Visita Extraordinaria para causas de lesa humanidad entre 1973 y 1990, don Álvaro Mesa Latorre, quien es ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco. Este ministro abrió un cuaderno reservado para profundizar en la búsqueda.
Además, se enviaron los antecedentes al tribunal correspondiente y se actualizó la información a la familia en enero. En mayo, se informó de manera reservada al Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda sobre la investigación en curso y su remisión a la instancia judicial correspondiente.
Desde el Ejecutivo se aseguró que “casos como estos, donde puedan existir dudas sobre los hechos ya consignados por el Estado en instancias judiciales o administrativas previas, constituyen una excepción dentro del universo total de 1.469 personas calificadas como víctimas de desaparición forzada”.
El comunicado también menciona que el trabajo de revisión de trayectorias ha permitido identificar casos como el de Bernarda Rosalba Vera Contard y el de Luis Alberto Pino Soto, un adolescente de 14 años de la ciudad de Arica, quien, aunque fue calificado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, no fue incluido en los registros de víctimas debido a un error de transcripción. Ambos casos han sido presentados ante los tribunales de justicia para que se determine una verdad judicial y se ordenen las correcciones necesarias.
El Ministerio de Justicia también afirmó que toda la información, junto con la cronología de los hechos, fue entregada por la Subsecretaría de Derechos Humanos al equipo de prensa del medio mencionado.
“El trabajo realizado por el equipo del Plan Nacional de Búsqueda ha permitido reunir y analizar información que pudiera ser comprobable y veraz para ponerla en conocimiento de los tribunales competentes. Este proceso de más de un año ha sido impulsado con el resguardo de la identidad de las personas que forman parte de investigaciones en curso que aún no están cerradas, cuidando su intimidad del juicio público que pueda basarse en información incompleta”, se indica en el comunicado.
Asimismo, se destacó que el Estado cuenta con canales para la entrega de nuevos antecedentes, disponibles en el sitio web plannacionaldebusqueda.cl y en todas las SEREMIs de Justicia y Derechos Humanos a nivel nacional.
Antes del establecimiento del Plan Nacional de Búsqueda, existían 14 causas con cuadernos administrativos de búsqueda de detenidos desaparecidos, llevadas a cabo por los ministros en Visita Extraordinaria de los tribunales de justicia para causas de crímenes de lesa humanidad entre 1973 y 1990. Desde la implementación del Plan Nacional de Búsqueda, este número ha aumentado a 59 causas que cuentan con dichos cuadernos, ya sea en el contexto de nuevas querellas y denuncias o bajo una causa penal principal. El Programa de Derechos Humanos ha presentado 8 nuevas querellas criminales y ha realizado más de 100 diligencias en terreno, continuando con el mismo rigor y responsabilidad que ha caracterizado este proceso.
