El desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto ha generado controversia en el ámbito político chileno, especialmente en la región de Aysén. Calisto, quien se encuentra bajo investigación por fraude al fisco, ha decidido unirse a la lista de candidatos del pacto Verdes, Regionalistas y Humanos, a pesar de haber sido originalmente postulado por el Partido Demócratas, que compite en la lista parlamentaria junto a Chile Vamos.
El parlamentario, que actualmente enfrenta un proceso judicial y espera la resolución de la Corte Suprema sobre su desafuero, ha sido objeto de un veto por parte de la Unión Demócrata Independiente (UDI) debido a su situación legal. En este contexto, Calisto optó por integrarse a la lista oficialista alternativa, que incluye a la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Acción Humanista, la Alianza Verde Popular y el Partido Popular.
Flavia Torrealba, presidenta de la FRVS, ha defendido la decisión de incluir a Calisto en la lista, argumentando que el partido respeta la “presunción de inocencia”. Torrealba también ha señalado que no es contradictorio que un candidato que se opone al gobierno del presidente Gabriel Boric participe en una lista que se considera oficialista.
Calisto, quien se ha declarado como candidato independiente pero que continuará formando parte de la bancada de Demócratas, expresó que debió anticiparse a las “jugarretas de último minuto de algunos sectores políticos” y a la falta de certeza respecto a los compromisos previamente adquiridos. En sus declaraciones, el diputado mencionó que “desde Aysén estamos enfrentados a las decisiones que toma la elite política santiaguina”.
El desafuero de Miguel Ángel Calisto fue solicitado por la Fiscalía Regional de Aysén el pasado 27 de junio, en el marco de una investigación por fraude al fisco. En este caso, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella contra Calisto y tres de sus colaboradores: Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein. Según el CDE, Graf habría coludido con Calisto para formalizar una serie de contratos y servicios destinados a apoyar su labor como parlamentario, a través de asesorías y elaboración de estudios. Sin embargo, se alega que estos servicios nunca fueron efectivamente prestados, lo que habría causado un perjuicio al fisco superior a $100 millones.
La Corte de Apelaciones de Coyhaique aceptó la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Local de Coyhaique, y ahora se espera el pronunciamiento de la Corte Suprema, dado que la defensa de Calisto ha apelado a esta decisión. En sus propias palabras, el desaforado diputado afirmó: “No represento ni a la izquierda ni a la derecha, yo represento en este Congreso Nacional a la gente de Aysén y es a la gente de Aysén a la que le debo la lealtad”.
