Un equipo de investigación de Radio Bío Bío ha desvelado una pesquisa administrativa llevada a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI), que destapó la colaboración de empleados que recibían whisky y dinero a cambio de facilitar procedimientos a migrantes en situación irregular en la región de Antofagasta. Junto con este aspecto administrativo, existe una perspectiva penal.
El fiscal Marcelo Carrasco, de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte, encabeza una indagación por tráfico de migrantes que incluye a civiles y 5 -ahora- exfuncionarios de la policía civil. Se considera que más de 100 ecuatorianos, entre junio y octubre de 2021, accedieron al país mediante esta red.
Esta red criminal tenía una particularidad: contaba con la asistencia de miembros de la PDI, que proporcionaban copias adulteradas de tarjetas únicas migratorias. Patricio Véliz Vera y Sebastián Zúñiga Riquelme eran dos de los ex policías que remitían los documentos a un tercer involucrado. Junto a otros tres detectives fueron destituidos y arriesgan penas de cárcel.
En paralelo a la perspectiva administrativa de la PDI, se encuentra la penal, liderada por el fiscal Carrasco. La investigación, formalmente iniciada, se centra en delitos de tráfico de migrantes, falsificación y uso indebido de documento público, cohecho y soborno.
Radio Bío Bío pudo acceder a detalles de la indagación, que acredita el acceso de 100 ciudadanos ecuatorianos al país solo entre junio y octubre de 2021.
Todo comenzó en abril de 2021 cuando el gobierno decidió cerrar las fronteras debido a la crisis sanitaria internacional causada por el coronavirus (Covid-19). En ese instante, la ciudadana marroquí Kaouthar Ouafi y su pareja, el chileno Jorge Wilson Espinosa Guasgua, ocupaban puestos administrativos en la empresa Siderna Limitada. Esta compañía es una filial de una empresa española que actúa como subcontratista en varios proyectos públicos en Chile.
Ouafi y Espinosa Guasgua eran los encargados de reclutar trabajadores para cumplir con los contratos que mantenían activos con grandes empresas en el país y que la Covid-19 había complicado. Ante la creciente dificultad para conseguir mano de obra, decidieron que la mejor opción era introducir de manera irregular a extranjeros en el país y luego encargarse de su regularización.
Espinosa decidía quiénes serían los contratados y Ouafi se encargaba de alquilar propiedades donde pudieran alojarse, además de regularizar la situación migratoria de los trabajadores.
Por información proporcionada por conocidos y asociados a la empresa, comenzaron a comunicarse vía WhatsApp con ciudadanos ecuatorianos interesados en trabajar en Chile. Así, el 18 de junio de 2021, Ouafi coordinó la primera entrada ilegal de al menos cinco personas.
El trayecto era sencillo y preciso. Desde la llegada a Perú tenían “coyotes” que los acompañaban. Antes de eso, había que superar ciertas fases. La primera era que el extranjero aceptara el trabajo. Luego, Ouafi enviaba todas las indicaciones necesarias para lograr entrar ilegalmente desde Perú a Chile.
Durante todo el viaje, Ouafi supervisaba a los migrantes, pidiéndoles fotografías de las personas con las que estaban y de los paisajes durante el viaje. Cuando los ecuatorianos llegaban a Tacna, Perú, un transportista llamado Pedro Gallardo Buenaño los esperaba. Él se encargaba de conducirlos hasta el límite de la ciudad con Chile y les indicaba el camino que debían tomar para cruzar.
Cómo operaba en Chile la red de tráfico de migrantes ayudada por miembros de la PDI
En Chile, la situación era similar. Otro transportista, Temotio Lucio Aguirre Ichuta, los recogía y llevaba en diferentes vehículos a una propiedad en el centro de Arica. Todo previamente coordinado con Ouafi y Espinosa.
Una parte importante de la oferta laboral era que, a pesar de que el ingreso era clandestino, Ouafi y Espinosa se encargarían de regularizar la situación migratoria de cada ecuatoriano. La promesa era que, al trabajar para la empresa Siderna, se les descontaría cada mes parte de su salario para pagar el costo de las gestiones. La cifra alcanzaba los $700,000.
Sin embargo, el costo real no era ese. La compra del duplicado de tarjeta migratoria tenía un valor inicial para Ouafi de $400,000 y luego de $450,000. Sin embargo, el valor original era de $100,000 y luego $150,000, pero existía una cadena de personas para llegar a los documentos falsificados.
En la audiencia de formalización realizada el pasado 22 de diciembre de 2022, la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte relató 18 hechos que demuestran cómo operaba la banda y se mencionó la venta de tarjetas de turismo.
En la instancia, el fiscal Marcelo Carrasco Gaete habló de la compra de al menos 82 tarjetas de turismo por parte de Ouafi a Patiño. No solo esto, también se habló de otras situaciones en las que Hidalgo, a través de Véliz y Zúñiga, realizó trámites migratorios.
Como resultado de lo anterior, el Ministerio Público formalizó a Kaouthar Ouafi, Jorge Espinosa Guasgua, Claudia Patiño, Pedro Gallardo Buenaño y Temotino Lucio Aguirre Ichuta como coautores del delito de soborno y uso malicioso de instrumento público. Mismos delitos que Olier Campaz Caicedo, María Alejandra Camayo Mera, Eliana Mera Rivera y Sergio Hidalgo Acuña.
En el caso de los exfuncionarios de la PDI, Patricio Véliz Vera y Sebastián Zúñiga Riquelme, fueron formalizados en calidad de coautores del delito de falsificación de instrumento público y cohecho.
Actualmente, Claudia Patiño, Olier Sadier, Maria Alejandra Camayo, Sergio Hidalgo y Patricio Véliz se encuentran en prisión preventiva.
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Temotino Aguirre, Kaouthar Ouafi y Jorge Espinosa Guasgua con arraigo nacional. Mientras que Sebastián Zuñiga Riquelme, Eliana Mera Rivera y Pedro Gallardo Buenaño se encuentran con arresto domiciliario.
