La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, conocida como Metrodelegados, ha anunciado un paro total de servicios programado para el próximo miércoles. Esta medida de protesta se origina tras la muerte de uno de sus trabajadores, un hecho que el sindicato atribuye a una presunta exposición al asbesto.
Detalles del paro y la situación del asbesto
Según un comunicado emitido por el gremio, las “medidas de autodefensa” incluirán una paralización escalonada de las líneas de subte y premetro. El cese de actividades comenzará con las líneas A y B, que se detendrán entre las 10 y las 12 horas. Posteriormente, a las 14 horas, será el turno de las líneas D y H. Finalmente, a las 16 horas, las líneas C, E y el Premetro también se verán afectadas.
El trabajador fallecido, identificado como Jorge Navarro, formaba parte de la lista 107 de empleados reconocidos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo como afectados por el asbesto. Los Metrodelegados expresaron que esta situación les genera “profunda tristeza e indignación”, ya que consideran que la muerte de Navarro “pudo haberse evitado”. A pesar de que el uso de asbesto está prohibido en Argentina desde 2003, el sindicato denuncia que durante muchos años el personal trabajó “sin ser informado de la presencia” de esta sustancia cancerígena en su entorno laboral.
Denuncias y demandas del sindicato
El comunicado, firmado por Roberto Pianelli, secretario general, y Néstor Segovia, adjunto, señala que las autoridades han “negado” la existencia de asbesto en los trenes hasta que el sindicato pudo demostrar que los trenes CAF 5000 contenían este mineral cancerígeno, que se utilizaba como aislante. Desde 2018, los Metrodelegados han presentado “cientos de denuncias ante todos los organismos responsables” y han interpuesto “un amparo ambiental” ante la justicia porteña.
En sus demandas, el sindicato exige “el urgente cambio de las flotas que contienen asbesto” y que no se dilate más “la licitación de la línea B“. Además, subrayan la necesidad de “acelerar las tareas de descontaminación” basadas en un plan integral de desasbestización. También sostienen que “todas las personas que trabajan deben ser incorporadas a un programa de Vigilancia Médica”, el cual debería extenderse a los jubilados, considerando que “el período de latencia de la enfermedad puede ser de varias décadas”.
Reacciones del sindicato y la empresa
Andrea Salmini, secretaria de prensa, resumió la situación diciendo que “esta es la respuesta al fallecimiento de nuestro compañero Navarro, trabajador del taller Constitución, Premetro”. Salmini expresó: “Estamos doloridos e indignados, porque podría haberse evitado. En Argentina, está prohibido desde hace años, sin embargo, durante muchísimos años nos hicieron trabajar sin informarnos de la presencia de material cancerígeno. Es por esto que hacemos un llamado a que se cumpla el fallo de la Justicia y se desabastezca completamente el subte”.
La dirigente insistió en la necesidad de “no postergar las licitaciones para el recambio” y de poner bajo vigilancia médica a todos los trabajadores del subte, incluidos aquellos que estuvieron expuestos al amianto, también conocido como asbesto. Este material, de origen muy utilizado en distintas industrias durante décadas, está compuesto por fibras largas, resistentes y flexibles que pueden entrelazarse para formar diversos materiales. La exposición al asbesto se produce principalmente a través de la inhalación de partículas que se encuentran en el aire en lugares de trabajo, especialmente en zonas cercanas a puntos de producción, fábricas o en el interior de viviendas y edificios que contienen partículas fraccionadas.
Por su parte, Subterráneos de Buenos Aires S.E., la empresa que opera el servicio, y Emova, la compañía que actualmente tiene la concesión, señalaron que han realizado alrededor de 3,000 estudios de calidad en diferentes puntos de la red, los cuales han dado resultados siempre dentro de los límites establecidos por la ley. Esto se ha llevado a cabo en el marco de una comisión especial creada para tratar el tema, en la que participan gremios, la Agencia de Protección Ambiental (APrA), la Dirección General de Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, y el INTI, así como la Defensoría del Pueblo.
