El Metro de Santiago ha decidido cerrar uno de los accesos de la estación Puente Cal y Canto, que es utilizado por un promedio de 66 mil usuarios diariamente. Esta medida forma parte de un plan de mejoramiento del entorno de la estación, según lo indicado por la gerenta de Operaciones del Metro, Pamela Barros.
Detalles del cierre del acceso
Barros explicó que el acceso que se cerrará está ubicado en la avenida La Paz, en el sector norponiente de la estación. La decisión de cerrar este portón se debe a que ha sido menos transitado y se ha convertido en un foco de delincuencia y uso indebido por parte de algunas personas. Aunque aún no se ha fijado una fecha exacta para la implementación de esta medida, se estima que el cierre podría llevarse a cabo la próxima semana o la subsiguiente. Barros también mencionó que se informará a los usuarios a través de los canales de comunicación del Metro.
Opiniones sobre la situación de seguridad
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió a este acceso como “el más complicado” de la estación, señalando que “en la noche, sobre todo, hay un nivel de inseguridad enorme”. En este contexto, Desbordes indicó que se están evaluando medidas adicionales, como la instalación de cámaras de televigilancia y un aumento en la dotación de personal de seguridad. “Queremos que no se produzca esta zona de impunidad donde los delincuentes delinquen dentro del Metro”, enfatizó.
El alcalde también destacó que el personal del Metro enfrenta dificultades para actuar, ya que “no se puede mover diez metros más allá de la salida, o delinquen afuera y el personal nuestro no ingresa”.
Críticas a la medida
Por otro lado, el arquitecto Iván Poduje criticó la decisión de cerrar el acceso, considerándola como “una renuncia del Estado”, similar a lo que ocurrió con el monumento de Baquedano. Según Poduje, esta medida refleja la incapacidad de controlar el comercio ilegal que rodea la estación.
El arquitecto Yves Besançon también lamentó la situación, afirmando que “no puede ser que el Estado haya sido doblegado por los delincuentes y los ilegales”. Poduje advirtió que este problema podría extenderse a otras estaciones que enfrentan situaciones similares de comercio ilegal y delincuencia, mencionando específicamente a Patronato (L2), Plaza de Armas (L5) y San Alberto Hurtado, Las Rejas y Unión Latinoamericana (L1).
Defensa de la intervención
La ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió la intervención, descartando que esta represente una “renuncia del Estado”. Tohá explicó que “la renuncia del Estado se da cuando hay un lugar con fenómenos de incivilidades y delitos recurrentes y el Estado no actúa”.
La ministra también mencionó que tiene un conocimiento profundo del sector y atribuyó parte del deterioro a la presencia de un pique del Metro instalado en 2015, lo que ha facilitado la aparición de incivilidades y comercio ambulante. “Ese es el foco de ir ahí, a esos lugares donde hay un valor urbano que queremos poner a punto”, afirmó.
La intervención está relacionada con la próxima reunión del Banco Interamericano de Desarrollo, que se llevará a cabo en la zona. Tohá destacó que las medidas han sido desarrolladas en colaboración con el Metro, la delegación presidencial y el municipio de Santiago, subrayando la importancia de “tomar el toro por las astas” para evitar que el deterioro avance.
