La situación política en Chile se ha intensificado con la decisión de las bancadas de UDI y Renovación Nacional (RN), en representación de Chile Vamos, de unirse al Partido Republicano para presentar una acusación constitucional contra la ministra de Defensa, Maya Fernández del Partido Socialista (PS). Esta acción surge a raíz de la fallida compra por parte del Estado de la casa de Salvador Allende, de la cual la ministra era una de las propietarias.
Argumentos de la oposición
Los diputados Gustavo Benavente de UDI y Ximena Ossandón de RN, quienes lideran sus respectivas bancadas, han señalado que la ministra habría incurrido en una “transgresión evidente” a la Constitución. Según ellos, el Artículo 37 bis establece que los ministros no pueden “celebrar o caucionar contratos con el Estado” mientras ocupan su cargo.
Benavente afirmó: “Aquí hay un acto jurídico que tuvo por objeto un provecho patrimonial personal propio, lo que es incompatible con una prohibición clara y explícita”.
Detalles del libelo acusatorio
El texto de la acusación ya ha sido redactado y consta de un solo capítulo, el cual se fundamenta en la supuesta violación de la norma constitucional mencionada. La oposición tiene la intención de presentar esta acusación durante la semana, fusionándola con la propuesta del Partido Republicano, mientras buscan consolidar apoyos en otros sectores políticos.
La diputada Ximena Ossandón ha indicado que, además de contar con el respaldo de los partidos de derecha, se buscará el apoyo de Demócratas y Amarillos, con el fin de “ampliar la base de respaldo y evitar un traspié político”.
Ossandón explicó: “Nosotros compartimos la convicción con el Partido Republicano de que existe una infracción de ley, pero queremos sociabilizar la acusación más allá de la derecha, porque creemos que es una oportunidad importante para crecer hacia el centro”.
Acciones adicionales de la oposición
Además de la acusación constitucional, Chile Vamos ha impulsado dos acciones paralelas relacionadas con este caso. Desde la oposición, se argumenta que la permanencia de Fernández en su cargo, respaldada por el presidente Gabriel Boric, no la exime de su responsabilidad política. Por lo tanto, consideran necesario avanzar con la acusación constitucional.
Los jefes de bancada de UDI y RN concluyeron: “Mal haríamos como diputados si ante una transgresión tan evidente nos quedáramos en silencio sin tomar una rápida definición”.
