El gobierno de Estados Unidos, a través de su portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha emitido una fuerte crítica hacia el régimen sirio por su incumplimiento de las directrices establecidas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Estas directrices, que fueron ordenadas hace un año, exigen el cese de las torturas y los malos tratos a los detenidos en Siria. Miller declaró que el régimen sirio “no ha cumplido estas directivas”, subrayando que la situación en el país sigue siendo alarmante.
Violaciones de derechos humanos en Siria
Organizaciones de derechos humanos han continuado documentando prácticas de detención arbitraria y tortura por parte del régimen de Bashar Assad. Miller agregó que estas violaciones se han perpetuado en un “patrón sistemático de abusos” a pesar de las advertencias internacionales. En particular, mencionó que estas prácticas han afectado incluso a los sirios que huyen del conflicto en Líbano.
Sanciones contra funcionarios sirios
En respuesta a estas violaciones, el gobierno estadounidense anunció sanciones contra Abdul Salam Fajr Mahmoud, un general de brigada de la Fuerza Aérea Siria, así como contra su esposa y sus cuatro hijos. Estas medidas se aplican bajo el artículo 7031 y se justifican por su “participación en graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo penas crueles, inhumanas y degradantes”, según un comunicado oficial.
Miller también indicó que desde el inicio del conflicto en 2011, se han registrado aproximadamente 15,000 muertes, incluyendo ciudadanos estadounidenses. Estos datos respaldan la gravedad de las acusaciones y alimentan el llamado a detener estas prácticas. El portavoz expresó: “Las víctimas, los supervivientes y sus familias merecen justicia y rendición de cuentas”.
Exigencias a Assad y el fallo de la CIJ
Miller reiteró la exigencia de que Al Assad cumpla con la orden vinculante de la CIJ. “Hacemos un llamamiento a las autoridades sirias para que cesen de inmediato el uso brutal de la tortura”, afirmó, sumándose a las voces internacionales que exigen acciones concretas para detener estos abusos.
El fallo de la CIJ en octubre de 2022 marcó un hito legal desde el inicio del conflicto sirio. Este tribunal, en respuesta a una solicitud conjunta de Canadá y Países Bajos, buscó poner fin a las violaciones y preservar pruebas de las mismas. La decisión se basó en el incumplimiento de la Convención contra la Tortura, un tratado que Siria ha suscrito pero que ha violado sistemáticamente a través de la represión violenta de las protestas civiles desde 2011.
Aunque el dictamen de la CIJ es vinculante, carece de mecanismos efectivos para garantizar su cumplimiento. Casos similares, como la intervención tras la invasión rusa a Ucrania, evidencian la limitada capacidad del tribunal para imponer sus resoluciones. La persistencia de estas violaciones ha generado crecientes críticas a nivel global, y la comunidad internacional enfrenta el desafío de respetar los compromisos asumidos en este marco.
Mientras tanto, las sanciones impuestas a funcionarios sirios y las recientes designaciones del Estado buscan aumentar la presión sobre el régimen. Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá de la acción que implique a actores que han dejado a cientos de miles de muertos y desplazados, un tema de gran preocupación en el escenario global, cuyas demandas aún no han sido atendidas. (Con información de EP)
