Revocan prisión preventiva a Martín Vizcarra mientras enfrenta juicio por cohecho pasivo en Perú

Un tribunal de Perú ha decidido el miércoles la excarcelación del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), al revocar la prisión preventiva que se había dictado para garantizar su presencia en el juicio en el que se le acusa de haber recibido sobornos millonarios durante su gestión como gobernador de la región de Moquegua, antes de asumir la presidencia del país. La Tercera Sala Penal de Apelaciones tomó la decisión de revocar la prisión preventiva que había sido impuesta el 13 de agosto, lo que había llevado a Vizcarra a estar recluido en Barbadillo, una prisión destinada a expresidentes en Perú, donde se encuentran otros exmandatarios como Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022). En un comunicado, el exmandatario expresó: “Se hizo justicia. Mañana 04 de septiembre, en horas de la mañana, estaré saliendo del lugar donde injustamente he sido detenido. Los invito a este reencuentro con todos ustedes”. Durante una de las audiencias del juicio, Vizcarra afirmó: “Yo no me voy a fugar, ni me voy a asilar, ni autoeliminar”, en referencia a otros expresidentes que han buscado asilo en el extranjero o incluso han tomado medidas extremas para evitar enfrentar la justicia, como fue el caso de Alan García (1985-1990 y 2006-2011). Inicialmente, Vizcarra fue recluido en Barbadillo y luego trasladado a una prisión común, un hecho sin precedentes en Perú para un expresidente, lo que lo llevó a declararse como “perseguido político” y víctima de abusos. Posteriormente, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte revirtió esta decisión y lo devolvió a la cárcel de exjefes de Estado. En libertad, Vizcarra enfrentará el juicio por el delito de cohecho pasivo propio, por el cual la Fiscalía ha solicitado una pena de 15 años de prisión, debido a la supuesta recepción de 2,4 millones de soles (equivalentes a 679.000 dólares) en sobornos para la adjudicación de las obras Lomas de Ilo y la ampliación de un hospital en Moquegua, durante su mandato como máxima autoridad regional entre 2011 y 2014. Durante la audiencia de apelación, Vizcarra criticó la decisión del juez de primera instancia de enviarlo a prisión preventiva, argumentando que no contaba con arraigo familiar ni laboral en Perú, lo que supuestamente facilitaba su posible fuga. “Tengo cuatro hijos mayores de edad. Los dos primeros son independientes. El tercero tiene 25 años, y el cuarto, 20 años, y los dos están en la universidad. Dependen del trabajo mío y de mi esposa. Es un núcleo familiar. Viven bajo mi patria protestad”, explicó Vizcarra. Sin embargo, el fiscal Rafael Vela argumentó que Vizcarra no tenía ninguna medida de arraigo laboral o familiar. Vizcarra también mencionó que, tras su destitución como presidente por el Congreso en noviembre de 2020, “no tenía ningún trabajo”, pero ahora afirmaba contar con dos empleos, uno de ellos como miembro de su propio partido político Perú Primero, con el que busca postularse a la presidencia. A pesar de las inhabilitaciones en su contra impuestas por el Congreso, Vizcarra se encuentra entre las principales opciones en intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026, según diversas encuestas.