Diputadas expresan su preocupación por la violencia escolar que sufre un niño con TEA en Antofagasta, exigiendo medidas urgentes para proteger sus derechos.
Diputadas de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, Marlene Pérez (Ind. UDI), Carla Morales (RN) y Catalina del Real (PRep), han expresado su preocupación ante un alarmante caso de violencia escolar que ha sido denunciado por los padres de un niño de siete años en Antofagasta. Según los informes, el menor, quien es estudiante del Instituto Santa María y ha sido diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de nivel 1 y un 50% de discapacidad, ha sido víctima de agresiones físicas y de connotación sexual por parte de sus compañeros. Debido a estos incidentes, los padres del niño decidieron retirarlo del colegio, temiendo que la violencia se repitiera.
La diputada Marlene Pérez manifestó su inquietud, afirmando que “me preocupa enormemente el nivel de violencia que tenemos en los colegios, casos como estos son inaceptables y condenables. La justicia debe investigar con celeridad y de comprobarse las penas deben ser las más duras y ejemplificadoras”. Además, Pérez lamentó que, en medio de esta crisis, el Ministerio de Educación esté más enfocado en “instalar su agenda ideológica que de implementar nuevas estrategias que permitan evitar este tipo de agresiones. El foco siempre debe estar en la protección de los niños y en el resguardo de sus derechos”.
Por su parte, la diputada Carla Morales (RN) calificó los hechos denunciados como “sumamente graves” y expresó su pesar por el hecho de que un niño con espectro autista se vea privado de su derecho a la educación, siendo él quien debe dejar de asistir a clases debido a las constantes agresiones. Morales subrayó la necesidad de establecer “protocolos claros y acciones concretas para acompañar a los niños TEA y que se pueda intervenir con apoyo psicológico y acompañamiento a sus familias ante situaciones como estas, que es otra problemática que se suma a la larga lista de problemas en materia de educación, donde hay una deuda con los estudiantes con esta condición”.
La diputada Catalina del Real (PRep) coincidió con sus colegas, señalando que “es realmente grave que el establecimiento no haya realizado una mayor intervención en favor de la víctima, porque finalmente sus derechos terminan siendo vulnerados. Acá no solo se necesita educar respecto a las personas con discapacidad, sino que también tomar medidas inmediatas frente a cualquier acción que atente contra la integridad física y mental de las víctimas, sobre todo cuando se trata de niños. Debe existir un pronunciamiento por parte del Mineduc”.
Desde la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD), Catalina González, encargada del área de niñez y parentalidad positiva, también se pronunció sobre este incidente. González enfatizó la importancia de trabajar en los ámbitos de convivencia escolar, inclusión y discapacidad, con el objetivo de educar y concientizar a los niños, niñas y adolescentes sobre las diversas necesidades de apoyo y la diversidad que enfrentan en su interacción diaria con sus compañeros.
González añadió que “es fundamental también poder incorporar aspectos de trabajo con límites corporales y así evitar transgresiones a la esfera de la sexualidad como las que lamentablemente mencionan los padres de este niño agredido en otro establecimiento de Antofagasta. Creemos también que los padres tienen que tener un rol protagónico en los procesos de intervención en términos de la convivencia y la prevención de la violencia al interior del establecimiento educacional”.
