La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, anunció que el Ejecutivo ha cumplido con la entrega de toda la información solicitada por la Contraloría General de la República, en relación a la controversia surgida por el uso de la expresión “Estado en quiebra” en publicaciones oficiales. Sedini destacó que la respuesta fue enviada dentro del plazo establecido, sin necesidad de prórrogas.
La controversia se originó el 25 de marzo, cuando la Contraloría ofició al Ministerio Secretaría General de Gobierno para aclarar el contexto de ciertos contenidos difundidos en redes sociales institucionales. Entre estos, se encontraban un video y publicaciones en Instagram que afirmaban: “¿Por qué no podemos bajar el precio de la bencina con el Mepco? Porque nos dejaron sin plata. Un Estado en la quiebra”. Esta afirmación generó un intenso debate político y económico en el país.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se distanció de la expresión, asegurando que “jamás” utilizaría ese término para describir la situación fiscal del país. Por su parte, el presidente José Antonio Kast reconoció el error comunicacional y se comprometió a mejorar la forma de comunicar del Gobierno.
En este contexto, Sedini enfatizó que el Ejecutivo ha mostrado disposición para colaborar con la Contraloría, afirmando: “Valoramos muchísimo la función que tiene la Contraloría General de la República y es por eso que hemos trabajado por responder”. Sin embargo, también instó a no centrar el debate únicamente en el uso de un término, subrayando que “no nos vamos a quedar en la discusión de un concepto”.
La vocera del Gobierno también contextualizó la polémica dentro de una crisis internacional, indicando que el Ejecutivo se ha enfocado en atender las necesidades de la ciudadanía. Hasta el momento, la Contraloría no ha emitido un pronunciamiento adicional sobre este caso, aunque su máxima autoridad, Dorothy Pérez, ha comentado sobre el proceso de auditoría general del Estado que se está llevando a cabo.
Durante un conversatorio en la Universidad de Los Andes, Pérez advirtió que el sistema de control institucional ha mostrado deficiencias sostenidas, anticipando que la auditoría en curso podría revelar hallazgos significativos. Además, se espera que el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno presente un primer informe con conclusiones preliminares el próximo 10 de abril, lo que podría aportar nuevos elementos al debate político y al análisis del funcionamiento del aparato estatal.
