Una nueva moción legislativa busca reformar el Código Procesal Penal en Chile para mejorar la revisión de condenas erróneas y la indemnización por error judicial.
La iniciativa, impulsada por la diputada Maite Orsini y respaldada por sus colegas Carolina Tello, Consuelo Veloso y Jaime Araya, tiene como objetivo establecer un mecanismo más efectivo para la revisión de condenas que se han demostrado erróneas, así como garantizar una reparación justa para aquellos que han sufrido las consecuencias de errores en el sistema judicial. Esta propuesta surge en respuesta a la identificación de fallas en la justicia penal chilena y las deficiencias del marco normativo actual que dificultan la corrección de tales errores.
Los autores de la moción han señalado que, aunque la indemnización por error judicial está contemplada en la Constitución, su aplicación es extremadamente limitada. La dificultad principal radica en un estándar probatorio que exige que el error sea “injustificado y arbitrario”, lo que ha llevado a una baja efectividad en el uso del recurso de revisión. Desde 2007, de los 629 recursos presentados, solo 52 han sido aceptados, lo que representa un escaso 8,27%. Las causales actuales para la revisión se limitan a errores que son objetivamente comprobables, sin considerar la complejidad de los factores que pueden llevar a la condena de un inocente.
El proyecto de ley propone la inclusión de nuevas causales en el Código Procesal Penal, tales como:
- Prueba falsa o coaccionada: Se permitiría la revisión de condenas basadas en testimonios o documentos que hayan sido declarados falsos por una sentencia firme, así como confesiones obtenidas bajo violencia o intimidación.
- Estándares internacionales: Se incorporaría como causal la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que determine que una sentencia firme ha violado derechos reconocidos en la Convención Americana.
- Apertura probatoria: Se facultaría al solicitante a utilizar cualquier medio de prueba, prohibiendo el rechazo inmediato del recurso, salvo en casos de solicitudes reiteradas con los mismos antecedentes.
Una de las modificaciones más significativas es la creación de un proceso breve y sumario para la reparación económica. Según la propuesta, si la Corte Suprema acepta la revisión y emite una sentencia que declare la inocencia del recurrente, se abriría de inmediato una etapa para determinar el monto de la indemnización. El recurrente tendría entre 30 y 60 días para presentar pruebas sobre los daños sufridos, tras lo cual el tribunal decidiría el monto sin más trámites. Esta medida busca que el Estado reconozca su responsabilidad en las fallas del sistema judicial y priorice la justicia sobre la seguridad jurídica de las sentencias ya dictadas.
El proyecto de ley se encuentra actualmente en su primer trámite constitucional y ha sido enviado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados. Una vez que esta comisión despache el informe, el proyecto será remitido a la Comisión de Hacienda de la Corporación.
