El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, ha presentado una querella criminal contra el diputado Joaquín Lavín León, quien es el esposo de la ex jefa comunal Cathy Barriga, por presuntos delitos de malversación reiterada de caudales públicos y negociación incompatible. Vodanovic afirmó que su responsabilidad como alcalde es “perseguir a todos los responsables de los graves hechos de corrupción ocurridos en Maipú”.
Detalles de la querella
La municipalidad de Maipú ha interpuesto una querella en contra de Joaquín Lavín León y su asesor Arnaldo Domínguez, así como de todos aquellos que resulten responsables por los delitos de tráfico de influencias y fraude al fisco. El documento de 44 páginas busca establecer una imputación basada en los antecedentes recopilados de diversos testimonios que estarían vinculados a posibles delitos cometidos por el diputado durante el tiempo en que su esposa, Cathy Barriga, estuvo al mando del municipio de Maipú, específicamente entre 2016 y 2021.
Contexto de la situación legal de Cathy Barriga
Es importante recordar que Cathy Barriga enfrenta cargos por fraude al fisco, así como por falsificación y uso malicioso de instrumentos públicos. Actualmente, se encuentra en prisión preventiva debido a una orden emitida por la Corte de Apelaciones. Además, se ha programado su formalización para el próximo 15 de abril, donde se le presentarán nuevos cargos relacionados con delitos de malversación reiterada de caudales públicos y negociación incompatible.
Implicaciones de la querella
Los antecedentes presentados en la querella apuntan a Joaquín Lavín León como un actor clave durante la gestión de Cathy Barriga. Se le acusa de haber colocado a personas de su confianza en posiciones cruciales dentro del municipio, así como de haber solicitado gestiones directas y ofrecido cargos dentro de la administración municipal. Este control se habría ejercido a través de su coordinador de equipo, Arnaldo Domínguez.
En relación a la querella, Tomas Vodanovic expresó que “esperamos que la Fiscalía investigue estos antecedentes y, de comprobarse su responsabilidad, se solicite el desafuero, formalización y lo que determinen los Tribunales de Justicia”.
