La renuncia de la exjefa de inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña, ha desatado una serie de controversias en el ámbito político chileno, con críticas del exministro Luis Cordero sobre las implicaciones para la institucionalidad policial y la relación con el poder civil.
Este episodio se produce en un contexto de tensión, tras la decisión del Gobierno de descartar una intervención directa de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en la renuncia de Peña. Según se ha informado, la solicitud de su salida habría sido realizada por el director general de la PDI, Eduardo Cerna, lo que ha generado cuestionamientos políticos y la citación de Cerna al Congreso para aclarar la situación.
Cordero, en declaraciones a CNN Chile, expresó la necesidad de ser cauteloso, pero advirtió sobre las posibles consecuencias de este caso. “Quiero ser cuidadoso porque creo que todavía están en la etapa de instalación. Pero las señales pueden ser complejas”, afirmó. Además, subrayó que la salida de Peña es problemática, ya que “todavía no se aclara la forma y modo en que se ejecutó”. En un contexto diferente, Peña podría haber sido una de las candidatas más serias para convertirse en la primera mujer directora de la PDI.
El exministro también se refirió a la decisión de que el director Cerna comparezca ante la Comisión de Seguridad de la Cámara, en medio de versiones contradictorias sobre el origen de la renuncia de Peña. “Al existir versiones contradictorias, se ha aceptado que el director Cerna comparezca el próximo lunes a la Comisión de Seguridad. Y yo creo que la primera obligación de las autoridades civiles respecto de sus policías —y esto aplica también para las Fuerzas Armadas— es cuidar las instituciones”, indicó Cordero.
Cordero calificó como “extremadamente complejo” que el jefe policial deba dar explicaciones sobre conversaciones reservadas con la autoridad política. “Exponer a un director de la policía —que constitucionalmente tiene deberes de jerarquía y obediencia de la autoridad civil— a comparecer a una comisión respecto de una conversación privada o reservada que tuvo con la ministra, es extremadamente complejo”, afirmó.
El exsecretario de Estado enfatizó que la responsabilidad recae en la conducción civil del Estado, señalando que “la primera responsabilidad es de la dirección civil del Estado de Chile”. Cordero advirtió que permitir que un director de la policía sea citado por el Congreso para revelar una conversación reservada con un ministro podría establecer un precedente problemático. “Si usted acepta que un director de la policía —citado por una comisión del Congreso— revele una conversación reservada que tuvo con una ministra o ministro de Estado, este es el primer caso de una situación que puede ser extremadamente compleja”, sostuvo.
Finalmente, Cordero reiteró que uno de los deberes centrales de las autoridades civiles es proteger las instituciones policiales y de defensa, advirtiendo que “dejar expuesto al director de la PDI es una cuestión muy compleja para la seguridad pública”. El Gobierno tiene un plazo para decidir cómo abordará este tema con la Policía de Investigaciones.
